Tras conocerse esta semana la agresión a un menor cometida, presuntamente, por uno de los trabajadores del centro de La Purísima, no han tardado en saltar voces críticas con la gestión de la Consejería de Bienestar Social respecto a la forma de llevar el centro. Han pedido la dimisión del consejero, Daniel Ventura, e incluso solicitan que el Estado recupere las competencias.
El apuñalamiento del joven residente es un hecho execrable y, como no puede ser de otra manera, debe ser investigado y las responsabilidades depuradas. El juez dictará sentencia.
Lo que no se puede es jugar al ventajismo político con una desgracia de este calibre y no se puede hacer una enmienda a la totalidad de la gestión que se está realizando en la residencia.
Son casi 600 los menores que la Ciudad alberga en La Purísima y a nadie se le puede escapar que la labor que realizan los responsables del centro es realmente complicada. Ayer decía el propio consejero del ramo que si no fuera por el trabajo de los empleados, pasarían cosas más graves.
Ahora, es el momento de reflexionar sobre aquellas medidas que se puedan tomar para mejorar la seguridad de los jóvenes y de los trabajadores del centro, así como disminuir el número de residentes de La Purísima.
Para ello, es importante que exista un control más exhaustivo en la frontera. Si el número de menores que entran en la ciudad sigue creciendo exponencialmente, el problema tendrá mala solución. No en vano, en sólo un mes y medio son más de 180 los que han llegado a la ciudad.
También, sería una buena noticia que se hiciera realidad la petición del Gobierno de la Ciudad al Defensor del Pueblo para que otras Comunidades Autónomas recibieran a parte de los menores y desmasificar un centro cuya capacidad está desbordada.
