Morir sin violencia, ni dolor en menos de 10 minutos y gratis. Eso es lo que ofrece la cápsula de la muerte que acaba de ser legalizada en Suiza para quienes decidan poner fin con dignidad a su existencia. Se llama Sarco, abreviatura de sarcófago,y fue presentada por primera vez en la feria de pompas fúnebres de Ámsterdam en 2018.
Su creador, el activista australiano Philip Nitschlke, apodado ‘Doctor Muerte’, lleva desde entonces informando a través de las redes sociales de los avances de una máquina para el suicidio asistido al alcance de todos. Esta práctica, impensable para muchos, es realidad en Países Bajos desde hace más de dos décadas. Aprobada en este país europeo, la presentación de esta cápsula destapa la caja de los truenos en un tema ética y moralmente muy complejo de dilucidar. El suicidio asistido es un procedimiento médico en el que un profesional de la salud proporciona a un paciente los medios necesarios para terminar con su vida en casos de sufrimiento insoportable y sin perspectivas de mejora.
Este tema, profundamente sensible y complejo, ha sido objeto de debate en muchas sociedades, y algunos países han optado por legalizarlo bajo estrictas condiciones.
Desde 2002, los Países Bajos han sido los primeros en la legalización tanto de la eutanasia como del suicidio asistido. Mientras que la eutanasia implica que un médico administre directamente una sustancia letal a un paciente a petición de este, el suicidio asistido implica que el médico proporciona los medios para que el paciente se administre la sustancia letal él mismo.
La "Ley de Terminación de la Vida a Petición Propia y Asistencia al Suicidio" permite a los médicos asistir a pacientes que sufren de enfermedades graves e incurables, siempre que se cumplan ciertos requisitos estrictos. En los Países Bajos, las estadísticas reflejan la evolución en la aplicación de esta ley. En 2002 hubo aproximadamente 1,882 casos de eutanasia, mientras que en 2021 se registraron aproximadamente 7,666 casos, lo que representa alrededor del 4.5% de todas las muertes en el país.
La mayoría de estos casos involucraban a pacientes con cáncer, aunque también se incluyeron condiciones neurológicas, cardiovasculares y respiratorias. Según el informe de la Comisión Regional de Revisión de la Eutanasia, los casos han aumentado de manera constante desde la implementación de la ley, reflejando una creciente aceptación. Entre los casos más delicados y debatidos se encuentran aquellos relacionados con enfermedades mentales.
En Holanda, en 1997 se notificaron 5 casos de suicidio asistido para trastornos mentales y los números escalaron hasta los 215 en 2018 (67 de enfermedad mental y 148 de demencia). Son casos de personas jóvenes que, tras años de sufrir trastornos psiquiátricos severos y agotar las opciones de tratamiento, solicitaron y les fue concedido el suicidio asistido. Estos pacientes suelen padecer depresión severa y trastornos de la personalidad graves. Tras años de padecimiento y múltiples intentos de suicidio, las autoridades médicas de los Países Bajos aprueban, después de un concienzudo escrutinio, sus solicitudes de asistencia al suicidio argumentando que su sufrimiento es insoportable y sin perspectiva de mejora. Estos casos generan un profundo debate sobre la ley y los procedimientos.
España
Siguiendo los pasos de los Países Bajos, España aprobó en 2021 la "Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia". Esta ley, entró en vigor el 25 de junio de 2021 haciendo que España se uniera así al grupo de países que reconocen y regulan “el derecho a morir dignamente en situaciones de sufrimiento intolerable”. Sin embargo, no es tan conocido por la población que dentro de esa ley también se contempla el suicidio asistido. Esto significa que, bajo ciertas condiciones, los médicos pueden proporcionar a los pacientes los medios para terminar con sus vidas de manera controlada y segura, incluyendo a personas que sufren trastornos mentales.
La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental ha expresado su preocupación respecto a la aplicación de estos procedimientos en personas con trastornos mentales. Argumentan que estos trastornos son muy prevalentes, pueden afectar significativamente la calidad de vida y, en muchos casos, son resistentes al tratamiento. Además, el suicidio asociado con trastornos mentales es una de las principales causas de muerte en personas de 15 a 34 años.
La SEPSM subraya lo evidente en estos casos: que los trastornos mentales pueden comprometer las funciones psíquicas esenciales para tomar decisiones relevantes, tales como la conciencia, el pensamiento, la sensopercepción, la vivencia del yo o la afectividad. Por tanto, la integridad de estas funciones es fundamental para asumir que una decisión está libremente tomada y se ajusta a la verdadera voluntad de la persona, y no a una voluntad patológicamente determinada.
Por lo tanto, el suicidio asistido plantea importantes dilemas éticos. Una cuestión crítica es quién decide que se han agotado todas las vías de tratamiento. Dependiendo de los profesionales consultados, las recomendaciones pueden variar, y existe el riesgo de que un paciente encuentre a un profesional dispuesto a acceder a sus peticiones, lo cual pone en duda la objetividad del proceso. Además, el suicidio asistido puede ser visto como una manera de eliminar el sufrimiento de una persona, pero también plantea la pregunta de si se está aceptando el deseo de morir del paciente sin haber explorado todas las alternativas posibles. Esto es particularmente relevante en casos de enfermedades mentales, donde la percepción del paciente sobre su sufrimiento puede estar influenciada por su condición.
En este sentido la motivación del paciente es crucial en el contexto del suicidio asistido. Algunas personas han demostrado durante más de 10 años una motivación constante para movilizarse en pro del suicidio asistido, lo cual podría interpretarse como un motivo de vida en sí mismo. Su lucha por el derecho a morir podría ser vista como una forma de darle sentido a su vida, aunque paradójicamente sea una lucha por terminarla. Considerar la motivación del paciente ayuda a entender si el deseo de morir es una manifestación de su condición psicológica o una decisión ponderada y consciente. La experiencia muestra que muchas personas que sobreviven a intentos de suicidio se arrepienten y agradecen haber tenido una segunda oportunidad.
Ética
Esto plantea problemas éticos y prácticos, ya que evaluar la capacidad mental de una persona con una patología psicológica severa es un proceso complicado. La ley debe garantizar que las decisiones se tomen de manera informada, comprensiva y consciente, pero también debe proteger a las personas vulnerables de tomar decisiones influidas por su condición mental. Los detractores apuntan hacia esa responsabilidad de proteger a los individuos más vulnerables, incluso de sí mismos y manifiestan que legalizar el suicidio asistido en estos casos envía un mensaje peligroso sobre el valor de sus vidas. Existen muchas cuestiones que deben ser debatidas en profundidad.
En casos de personas con problemas de salud graves y una discapacidad intelectual, si están inhabilitados, son sus familiares quienes deciden por ellos, lo que plantea dilemas éticos aún mayores: ¿qué pasa si un familiar decide que esa persona ya no merece sufrir más y que debe ser asistida en su suicidio? ¿y si son niños? de hecho éste último es el debate actual de Países Bajos, donde en abril del 2023 se aprobó tanto la eutanasia como el suicidio asistido en niños menores de 12 años sin pasar dicha medida por el escrutinio del Parlamento, ya que se considera que no es necesario al no ampliarse la ley anterior.
A pesar de que estos procedimientos están sujetos a estrictas regulaciones para proteger a pacientes y profesionales de la salud es esencial abordar estos temas con la máxima prudencia. Esta responsabilidad no sólo tiene implicaciones éticas, sino también profundas repercusiones en la opinión pública y en la confianza en los profesionales de la salud mental.
