Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía entraron este viernes en el Palacio de la Asamblea para llevar a cabo una operación relacionada con una investigación, declarada secreta, que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla. Hasta ahora se desconoce el alcance de las pesquisas y solo ha trascendido que se trata de buscar información y documentación en distintas dependencias de la Administración Local, tanto a nivel de consejerías como de empresas públicas.
Los datos apuntan a que agentes de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en el despacho de la Presidencia, donde aún no se encontraba su titular, Eduardo de Castro, que llegó poco después. Allí le entregaron un auto judicial en el que se le requería a colaborar con la existencia de una investigación judicial secreta en curso y pedirle que se les facilitara la labor policial dentro del ayuntamiento.
Fuentes bien informadas comentaron a El Faro que estos funcionarios policiales llegaron al despacho de la Presidencia sobre las nueve de la mañana y estuvieron hablando con Eduardo de Castro por espacio de entre cinco y diez minutos.
En ese tiempo solicitaron al máximo responsable de la institución municipal que se facilitara la labor de la policía a efectos de la investigación que se desarrolla en la ciudad. Y si bien no ha trascendido públicamente el contenido de la citada investigación, todo parece indicar que se trata de la instrucción que lleva a cabo el Juzgado número 2 de la ciudad relacionada con la presunta trama de compra de votos por correo y cuyas diligencias están declaradas secretas.
Nuestras fuentes no pudieron asegurar si después de mantener esa comunicación con el presidente, la policía inició o no de inmediato el registro de alguna consejería. Lo que sí queda descartado es lo que ha publicado algún medio de comunicación de ámbito nacional, que afirmaba que se estaba registrado el despacho del presidente.
Asimismo hemos sabido que Eduardo de Castro mostró su plena disposición a los agentes policiales para colaborar en la investigación en todo aquello que sea necesario. Las fuentes consultadas por este diario indicaron que el presidente melillense se puso a disposición de lo que dicten las autoridades judiciales.
“En eso está”, indicaron nuestros interlocutores. “El presidente está pendiente de lo que se solicite lógicamente para que su actuación durante la investigación transcurra con normalidad dentro de lo que es el secreto de las actuaciones”.
Lo que sí se ha sabido es que el Juzgado de Instrucción número 2 no ha librado ninguna orden de entrada y registro en el edificio municipal, en contra de lo que se especuló en un primer momento. De hecho, a primeras horas de la mañana la noticia que circuló fue que la policía se encontraba registrando distintas consejerías e incluso el despacho de Presidencia. Horas después se supo que la presencia de la policía en el Palacio de la Asamblea se debía a la necesidad de comunicar a Eduardo de Castro el auto de la juez María del Carmen Prendes.
En realidad, lo que se realizó fue un volcado de documentos desde los ordenadores, según lo establecido en el auto judicial que reclamaba la colaboración de la Administración Local y su máximo dirigente De Castro en esta tarea, relacionada con la presunta trama de la compra de votos.
