Fue interceptado en la frontera, cuando los agentes comprobaron que tenía una orden de arresto vigente. Es natural de Marruecos, tiene residencia en Navarra y viajaba con frecuencia al país vecino.
La Policía Nacional detuvo ayer a 28 personas en más de una decena de provincias, una de ellas en Melilla, por defraudar 238.035 euros a las arcas públicas mediante falsos contratos laborales, que realizaba una empresa ficticia de Zaragoza, concretamente en la localidad de Almunia, dedicada a la actividad agraria y con su sede social radicada en un solar.
Desde el Cuerpo Nacional de Policía en Zaragoza explicaron a El Faro que la persona detenida en Melilla estaba de paso. El arresto se produjo cuando el administrador de la empresa ficticia estaba cruzando por la frontera local. Los agentes comprobaron que había una orden de detención vigente y procedieron a ejecutar la misma, según indicó la Policía.
El detenido es de origen marroquí y residente en Navarra y cruzaba en ocasiones la frontera con Marruecos a través de Melilla. No obstante, se movía con regularidad por todo el territorio español, apuntó el Cuerpo a este diario.
El resto de las detenciones se produjeron en Vitoria (6), Pamplona (3), Tudela (Navarra) (2) Zaragoza (4), Jaca (Huesca) (1), A Coruña (2), Logroño (2), Algeciras (Cádiz) (1), Alicante (1), Madrid (1), Murcia (1), Plasencia (Cáceres) (1) y San Sebastián (1).
La falsa empresa incumplía la obligación de cotizar por los seguros sociales de sus trabajadores, con lo que la deuda por impago a la Seguridad Social asciende a 168.491 euros, aunque el total de lo defraudado es de 236.035 euros.
El fraude se cometió, según informó ayer la Dirección General de la Policía Nacional, mediante la simulación de un contrato laboral a 126 trabajadores, a quienes daban de alta para permitir el acceso y disfrute de prestaciones y subsidios por desempleo.
Las investigaciones han determinado que 16 trabajadores solicitaron y obtuvieron prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos, ascendiendo el importe de lo percibido a 67.543 euros.
Otros veintiocho lograron renovar sus autorizaciones de residencia en España, basados en supuestas relaciones laborales mediante contratos en esta empresa.
La investigación fue realizada por funcionarios de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (U.C.R.I.F.) de Zaragoza, con la colaboración de agentes de las otras ciudades, del aeropuerto Madrid-Barajas y de funcionarios del Ministerio de Trabajo.
