LA Policía Nacional está respondiendo como se espera de sus agentes y mandos ante los disturbios en La Cañada y Monte María Cristina. Ayer arrestó y condujo ante el juez a una decena de presuntos responsables de los altercados del pasado 10 de enero en la primera barriada. Dos días antes, el viernes por la tarde, realizó una intervención en el segundo barrio que sirvió para abortar un conato de revuelta. Ayer, en esa misma zona, consiguió arrestar a uno de los jóvenes que incendiaron contenedores para atraer a los servicios de Emergencias con la intención de recibirlos a pedradas.
No se puede pedir mucho más a los agentes de la Policía Nacional. A falta de comprobar el peso de las pruebas presentadas ante el juez contra los detenidos, se puede calificar su trabajo como satisfactorio, discreto, eficaz y profesional. Sin embargo, es insuficiente para acabar con estos altercados. La actuación en La Cañada y Monte María Cristina no puede ser únicamente de carácter policial. También es necesario que los responsables de la Ciudad Autónoma y de la Delegación del Gobierno tomen cartas en el asunto. Hace falta que analicen qué está ocurriendo en estas zonas y cómo acabar de modo definitivo con los disturbios. Es una labor que debe abarcar todos los ámbitos en cada una de las barriadas, desde las asociaciones de vecinos, a los centros de enseñanza, las agrupaciones sociales... Es imprescindible aunar esfuerzos para acabar con esta violencia sin sentido que hoy se centra en la quema de contenedores y el lanzamiento de piedras, pero que puede derivar hacia sucesos aún más graves. No es admisible que una tranquila jornada de domingo en Melilla empiece por la mañana con una redada policial en La Cañada y termine por la noche con la intervención de los antidisturbios durante una hora en el Monte de María Cristina. La mayoría de los vecinos de esas barriadas, como el resto de los melillenses, quieren vivir tranquilos, sin la presencia de alborotadores que actúan a las órdenes de instigadores de disturbios. Son precisamente éstos últimos con los que hay que acabar desde todos los ámbitos. La Policía debe conseguir ponerlos ante un juez al mismo tiempo que los responsables políticos acaban con la influencia que ejercen sobre jóvenes fácilmente manipulables.
No hay motivo para estas batallas callejeras, ni siquiera la falta de un puesto de trabajo es justificación para incendiar contenedores y recibir a pedradas a los bomberos y los policías. Esta clase de acciones sólo son merecedoras de una contundente condena, si a los jueces se le ofrecen suficientes argumentos legales para castigar a los hasta ahora detenidos. Ése debe ser el único logro de los autores e instigadores de los disturbios.
