Sabido es que el art. 16.3 de la Constitución española consagra la aconfesionalidad del Estado al establecer que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Determina el mismo artículo a continuación que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Los gobernantes actuales parecen recordar con mucha precisión la primera parte de este artículo y obviar con notable frecuencia la segunda parte del mismo.
No se oculta tampoco a nadie que los principios del humanismo cristiano, aquellos que velan por la supremacía de la dignidad del ser humano frente a los abusos contra dicha dignidad por parte de los aparatos estatales, los mecanismos de la producción o los mercados han servido de base a la construcción social de la civilización occidental, dentro de la cual se enmarca la europea y dentro de la misma, la española.
Dentro de los principios del humanismo cristiano, la religión católica ha informado históricamente las bases de la convivencia de la sociedad española y lo sigue haciendo al día de la fecha, si bien con unos efectos atenuados, acertadamente expuestos en el documento “Fieles al envío misionero” (Aproximación al contexto actual y marco eclesial; orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia Episcopal Española (2021-2025)), hecho público por la Conferencia Episcopal el pasado 27 de julio, tras la celebración de su CXVII Asamblea Plenaria.
Reproduciendo las conclusiones del Informe FOESSA 2019, promovido por Cáritas Española, traslada que nos encontramos en un momento de gran mutación social, que tiene como causa profunda una sociedad desvinculada, desordenada e insegura en la que crece la desconfianza y el enfrentamiento.
Tal proceso de mutación no parece obedecer de manera automática al progreso tecnológico y económico de nuestra sociedad sino que es impulsado por un intento deliberado de «deconstrucción» o desmontaje, en concreto, de la cosmovisión cristiana.
Entrando en lo concreto, el documento rompe una lanza en lo que denomina el “régimen del 78”, al que sin sacralizarlo, atribuye la virtud de haber proporcionado a nuestra nación un período de estabilidad no alcanzada durante siglos.
Y entrando aún en aspectos más concretos, afirma que “la puesta en cuestión de la Constitución, la monarquía, el poder judicial, junto a las fuertes tensiones independentistas en medio de una inédita crisis económica, llenan de preocupación e incertidumbre a la sociedad española. Los enfrentamientos crecen y pareciera que asistimos a un resurgir artificial de «las dos Españas» de tan dramático recuerdo. Abonan esta situación las iniciativas legislativas del Gobierno de coalición sobre la educación, la eutanasia, el aborto, la memoria democrática, el Consejo General del Poder Judicial, que van en la línea del proyecto de deconstrucción antes citado a escala global. El desarrollo de estas iniciativas pone en riesgo la libertad y dificulta la imprescindible unidad, tan necesaria en plena crisis sanitaria y en los albores de una crisis económica de consecuencias sociales impredecibles”.
Pudiera parecer como si los obispos hubieran traspasado los niveles de autonomía atribuidos a los gobernantes para adoptar decisiones con notable impacto en la sociedad sin verse mediatizados por la percepción específica de una determinada creencia religiosa. No obstante, si nos atenemos a lo reflejado al comienzo de este texto en relación con el art. 16.3 de la Constitución y la obligación de los poderes públicos de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, los obispos se encuentran legitimados para poner de manifiesto ante los gobernantes las inquietudes de los ciudadanos a cuya creencia religiosa representan con la esperanza de ser adecuadamente atendidos por dichos poderes públicos.
Una semana más tarde de la puesta a disposición de la opinión pública de dicho documento, el pasado martes 3 de agosto, se produjo el primer encuentro del Cardenal Juan José Omella, Presidente de la Conferencia Episcopal Española y el Ministro Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia. En dicho encuentro, mantenido “con cordialidad y cercanía”, por parte del Cardenal Omella se manifestó la preocupación de la Iglesia por los valores morales de la sociedad, la solidaridad de los países ricos para que la vacunación llegue a los más pobres y que las leyes sobre vida y educación se dialoguen con toda la sociedad. Por su parte, el representante del Gobierno expresó la intención del mismo de avanzar en el diálogo sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia, el régimen tributario y la Obra Pía Romana.
En este período estival de reducida actividad parlamentaria ordinaria disponemos los representantes públicos, católicos y no católicos, así como el común de los ciudadanos, de una excelente oportunidad para reflexionar sobre los pormenores de este documento, que aun dirigido inicialmente a orientar la acción pastoral de los miembros de la Conferencia Episcopal Española, en aras de la atención a prestar a las creencias religiosas de la sociedad española, contenida en el repetidamente citado art. 16.3 de la Constitución, representa una percepción cualificada sobre la realidad nacional, ni más ni menos que la percepción de los obispos.
