Un catedrático de Derecho Constitucional explica que en estos usos hay ausencia de debate y de deliberación, algo que sí se logra con representantes políticos
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, Ángel Rodríguez-Vergara Díaz, fue uno de los conferenciantes que ayer participo en el Curso Internacional de Verano ‘Ciberdefensa y tutela de derechos en las redes’. Estuvo en la mesa redonda que se organizó bajo el nombre de ‘Tutela de derechos fundamentales e Internet’. Explicó que la red abre un campo nuevo para fomentar la participación ciudadana. Destacó que es un fenómeno “importante”, sobre todo, en estos tiempos de “desafección política en el que la representación política ha tenido una crisis fuerte”. Pero indicó que además de ser una “potencia para que los ciudadanos puedan participar de forma activa en la política, también tiene sus riesgos”.
Rodríguez-Vergara resaltó que hay una creencia generalizada a que la participación política del pueblo es mejor que la que se realizar a través de representantes. Señaló que hasta ahora no se ha podido hacer una participación activa de los individuos, por un condicionamiento táctico, es decir, porque el Estado tiene millones de habitantes y no todos pueden tomar las decisiones de forma directa. Por ello, apuntó que se cree que no había “más remedio que estar abocados a la democracia participativa”.
Pero con la llegada de Internet y de las nuevas tecnologías y vías de participación surge la idea de que el pueblo puede tomar de forma directa cada vez más estas decisiones. Aseveró que no está de acuerdo con esta tesis, ya que la democracia representativa tiene unos factores positivos que se van a perder si se opta por la participación directa del pueblo.
“La necesidad de deliberar, dialogar articular diferencias en una sociedad tan compleja como la nuestra creo que solo se puede hacer a través de representantes porque no es funcional la participación del pueblo. La decisión directa de los ciudadanos está más vinculada a un sistema binario es decir, un sí o un no, pero no está abierta a este tipo de debates o discusiones”, explicó.
Los derechos fundamentales
Rodríguez-Vergara señaló que el mundo de Internet “ha trasformado completamente nuestro concepto y la manera de pensar, así como la de los tribunales, sobre de los derechos fundamentales”. De hecho, indicó que hoy en día se puede hablar de que hay derechos fundamentales en red. Para este experto se ha producido una “desjerarquización” de los derechos fundamentales porque es necesario que algunos de ellos se armonicen para poder conseguir ponderarlos y la forma en la que se entrelazan no es una jerarquía, sino una conexión en red.
Otro de los temas que abordó ayer en su charla este catedrático de Derecho Constitucional fue cómo la llegada de Internet implicó que derechos fundamentales se vean lesionados o una especial incidencia en algunos de ellos, como son la libertad de expresión, el derecho al honor, a la imagen o a la protección de datos.
Los secretos oficiales, pasan por el Parlamento y comisiones
Juan Cano Bueno, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, también participó ayer en la mesa redonda que se celebró en este curso, aunque su charla se centró en el análisis de los secretos oficiales. Cano Bueso explicó que “tienen mala fama y mala prensa”. De hecho, se les conoce como “las cloacas del Estado”. Sin embargo, señaló que tienen una historia y un sentido.
El presidente del consejo hizo un repaso por la historia de estos secretos oficiales, desde aquellos que se tomaban en la Edad Media donde el ocultismo y la discreción era total hasta nuestros días. Apuntó que la publicidad de estas acciones cambió con la Ilustración y las revoluciones burguesas. No obstante, también en las naciones que surgieron a partir de las constituciones liberales incluyeron el secreto oficial para salvaguardar aspectos políticos o patrimoniales. En España, la ley que rige los secretos oficiales es “antidemocrática”, en concreto de 1968, aunque en paralelo a la Constitución se fue reformando para que sea el Gobierno el que tenga derecho a clasificar como reservadas o secretas esas informaciones que cree que pueden comprometer la seguridad nacional, aunque las Cortes generales tienen acceso a esta documentación. Hay una comisión e incluso sesiones en las que se tratan estos temas secretos y sanciones para quien les dé publicidad.
