LA paciencia de los mecánicos y chapistas de Melilla tiene un límite. Los responsables policiales de la Ciudad Autónoma y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deben entender que algún día se acabará el aguante de estos trabajadores que desarrollan legalmente su actividad.Entonces ya no servirá de nada continuar dando largas a un problema que tiene contra las cuerdas a muchos negocios de estos pequeños y medianos empresarios. Cuando los mandos de la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil quieran tomar cartas en el asunto, tal vez sea demasiado tarde. Puede que entonces también alguno de estos trabajadores ya haya perdido su empleo y le importe poco la problemática de los mecánicos ilegales que cada mañana llegan a nuestra ciudad desde Marruecos.
Entre tanto, continúan pasando los días. Siguen acumulándose en las inmediaciones del Polígono SEPES las piezas y residuos altamente contaminantes. Amanecen en Melilla vehículos que han perdido misteriosamente por la noche unas piezas que por la mañana sirven de repuestos en estos talleres callejeros. Los inspectores de trabajo hacen la vista gorda con esos trabajadores ilegales mientras acorralan con la burocracia a los negocios locales. Los mandos del Seprona buscan la paja en el ojo de nuestros empresarios y prefieren mirar para otro lado cuando se dan de bruces con la viga de la ilegalidad que cruza todos los días la frontera...
Los mecánicos y chapistas melillenses aseguraban ayer a El Faro que no tenían una solución sencilla para este problema. Quizá su estado de ánimo, a medio camino entre la desesperación y la resignación, les impide ver lo evidente. En primer lugar, hace falta una demostración de valentía política por parte de nuestros representantes públicos. Luego bastaría con empezar a imponer sanciones serias a los propietarios de vehículos que recurren a estos mecánicos ilegales. La normativa medioambiental cuenta con suficientes artículos como para animar a los agentes a tirar de libreta con convencimiento.
En cuanto a los mecánicos ilegales sorprendidos ‘in fraganti’, bastaría con que retirarles sus herramientas y ponerlas a disposición de la autoridad hasta que ésta decida sobre las faltas o delitos que les imputen los agentes.
Sin embargo, nada de esto será posible sin valentía política por parte de nuestros representantes públicos. Valentía y sensibilidad hacia unos trabajadores y empresarios que tratan de sobrevivir cumpliendo con la ley mientras ante sus narices los agentes miran hacia otro lado para no ver la ilegalidad que les está ahogando. No puede ser posible que su futuro no le importe a nadie.
