Pese a que tan sólo el PSOE ha votado en contra nuevamente, con abstención del resto de la oposición, las críticas han arreciado en el pleno de este lunes contra el consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, a cuenta del contrato de vigilancia de seguridad privada en dependencias de la Ciudad Autónoma, cuyo expediente ha salido adelante gracias a los votos del PP y del diputado no adscrito, Javier da Costa.
En su exposición, el diputado de CpM Emilio Guerra ha criticado el hecho de que, en su opinión, el contrato no tiene en cuenta la opinión de los trabajadores ni de los sindicatos y ha dejado caer que el Gobierno local sólo se ha preocupado en él del beneficio de las empresas. Tampoco le convence a Guerra el tiempo de formación que se dedica a los trabajadores en el contrato, que en su opinión debería ser “más ambicioso”, ya que, en las actuales condiciones, es “muy atractivo” para las empresas y no tanto para los trabajadores.
También el diputado del PSOE Rafael Robles ha criticado que el contrato vulnere una sentencia judicial dictada ante sendos recursos presentados por CCOO y la empresa adjudicataria en 2024 y que el pliego no recoja de una manera clara cuáles son dependencias que se acogen a este documento. Por todo ello, ha adelantado que su grupo votaría en contra.
Desde Somos Melilla, Amin Azmani ha atribuido todas estas discrepancias al hecho de que el consejero no se hubiera sentado a negociar el contrato con los sindicatos y lo ha acusado de “irresponsabilidad” y del retraso de diez meses en su elaboración. Además, Azmani ha solicitado que haya un vigilante más por centro y más formación para éstos, al tiempo que se ha quejado de la falta de limpieza en las garitas de los vigilantes, de la ausencia de climatización y de lo lejos que se encuentran los aseos. También ha hablado del escaso material de que disponen los trabajadores –sólo un chaleco y una linterna- y ha pedido que se realicen inspecciones periódicas. En este punto, el diputado ha disparado contra la empresa Sureste, quien, según él, ha tardado meses en dar los datos que se le han requerido. En resumen, en su opinión, “el contrato se podría haber hecho mucho mejor” si el Ejecutivo autonómico hubiera apostado por la negociación, lo que también habría evitado estas demoras.
El consejero ha negado la mayor en casi todos los casos. Ha dicho, en primer lugar, que sí se ha negociado con los sindicatos y ha asegurado que este contrato mejora en mucho al anterior, también en formación, de la cual ha garantizado que los trabajadores tendrán “suficiente”. De hecho, Ronda ha manifestado que se han recogido el 90 por ciento de las propuestas de los sindicatos en aspectos como protección o material. Por último, el consejero no ha tenido ninguna duda en afirmar que las condiciones de este contrato mejoran las que tenía el anterior, de 2019, y que espera que se presente el mayor número posible de empresas para tener una mayor variedad a la hora de seleccionar el candidato más idóneo.
