La formación desea saber si el Gobierno central va a tomar medidas contra la corrupción en Melilla
Izquierda Unida pregunta al Gobierno central por la ‘Operación Tosca’. La formación desea conocer qué opinión le merece al Ejecutivo central “la presunta forma fraudulenta de actuar de los detenidos e imputados mediante la gestión de fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas, viciando procesos de contratación y persiguiendo intereses personales o empresariales en lugar del interés general”.
También pregunta IU desde cuándo el Gobierno central tenía conocimiento de estos hechos y si prevé retirar temporalmente de sus cargos a los funcionarios presuntamente implicados. Asimismo, la formación quiere conocer la opinión del Ejecutivo central sobre el proceso de recalificación de terrenos de propiedad del vicepresidente de Economía y Hacienda de Melilla. La última de las preguntas es si el Gobierno va a adoptar alguna medida para combatir “la presunta corrupción existente en la Ciudad”.
En un escrito de Ricardo Sixto dirigido al Ejecutivo central presentado en el Congreso de los Diputados, esta formación explica que fue en febrero de 2015 cuando la prensa recogía la imputación en el marco de la ‘Operación Tosca’ del vicepresidente de Economía y Hacienda de la Ciudad, Daniel Conesa, que también ocupa el puesto de secretario de Estrategias Políticas del PP en la ciudad, y de los consejeros de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Calderón, y de Medio Ambiente, José Ángel Calabuig, por su presunta implicación en la trama de “amaños de contratos públicos”. Se trata de una investigación que ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
También señala IU que los investigadores creen que los detenidos e imputados forman parte de una trama que gestionaba de “forma fraudulenta los fondos públicos en connivencia con funcionarios y directivos de empresas, viciando el proceso de contratación y persiguiendo intereses personales”, como asegura esta formación que informó la UCO a través de una nota de prensa.
Además, destaca que hay que sumar que Conesa, “al parecer, votó a favor de recalificar unos terrenos que tendría para poder construir 187 viviendas en vez de 63, incumpliendo con ello su deber de abstención”. Según IU, el consejero “lo hizo a la vez que ejercía sus múltiples cargos políticos de forma contraria a derecho, por ser administrador único de dos empresas, una de las cuáles se dedica a la fabricación y venta de materiales de construcción”.
