El secretario de Asuntos Exteriores español asegura que la modificación de la ley se hará conforme a la legislación internacional y recalca que se respetará el derecho de asilo el principio de no devolución
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU puso ayer en duda la legalidad de la anunciada reforma que dará amparo a las llamadas ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes en las fronteras exteriores de España.
El respeto al principio de no devolución y al derecho a la protección internacional a través del asilo y el refugio figuraron entre las recomendaciones hechas por los Estados miembros que participaron del Examen Periódico Universal a España. Esta evaluación sobre el cumplimiento de todos los derechos humanos se realiza a los 193 miembros de las Naciones Unidas. España fue sometida a este cuestionario ayer por segunda vez.
Israel, Japón, Suecia, Noruega, Rusia, Uruguay, Austria y Canadá, entre muchos otros, solicitaron a España que reconsidere la inclusión en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes que están intentando entrar de forma irregular en territorio español. Estos países alegaron que la legalización de esta práctica significaría permitir una actuación que es contraria el principio de protección internacional. Además, recordaron que debe respetarse el derecho a la no devolución y el derecho al asilo y al refugio, establecido en la legislación internacional.
Reforma aún en discusión
Ante estas recomendaciones, el secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, respondió que la propuesta legislativa aún está en trámite parlamentario, que se está discutiendo de forma amplia y aseguró que “se aprobará conforme a las obligaciones internacionales”. Ybañez dijo, incluso, que esta reforma está siendo objeto de consultas con instituciones internacionales especializadas. “La respuesta legislativa que finalmente se dé, estará sin duda en consonancia con las obligaciones de España en materia de protección internacional y el principio de no devolución”, apostilló.
Además, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores recordó “la singularidad geográfica fronteriza” de Melilla y Ceuta y destacó que las devoluciones se practican teniendo en cuenta “el derecho que asiste a España como miembro soberano de la Unión Europea y su derecho para salvaguardar sus fronteras”.
El representante español del Ministerio de Exteriores explicó, además, que la legislación española regula en dos marcos jurídicos diferentes el retorno. Por un lado, indicó, está la devolución, que es para extranjeros interceptados tras haber cruzado ilegalmente la frontera, y por otro, la expulsión, para aquéllos que han sido hallados en territorio español en situación irregular. “Las denegaciones de entrada son algo distinto y se llevan a cabo en Melilla y Ceuta. Esto se da cuando no se produce la entrada, sino que el inmigrante es interceptado antes de que ésta tenga lugar”, indicó.
