Éste es uno de los problemas a los que enfrenta la fiscalía de violencia de género.
El miedo y la falta de recursos hacen que las mujeres víctimas de violencia de género no denuncien el maltrato que sufren por parte de sus parejas, pero la situación es más grave aún. En Melilla, el año pasado fueron sobreseidas por el juzgado de instrucción 72 de las 146 diligencias urgentes que llegaron al juzgado de Violencia de Género porque las mujeres decidieron no declarar.
La fiscal de violencia de género, Laura Santa Pau, que intervino ayer en la mesa redonda organizada por Cruz Roja sobre el maltrato a la mujer, aseguró a El Faro que es un número muy alto. Una cifra a la que se unen las mujeres que al llegar el juicio oral no quieren declarar. En este sentido, Santa Pau comentó que no se las puede ayudar más allá si ellas no declaran contra sus parejas.
No obstante, comentó que las cifras de Melilla son similares a la del resto de España.
La fiscal de violencia de género indicó que en la ciudad llega a haber casos graves, es decir, intentos de homicidio y ni en estas situaciones en las que su vida corre peligro, las mujeres quieren declarar.
En estos casos, la única forma de conseguir una condena para el maltratador es contar con los testigos de referencia, como la Policía, los informes médicos forentes y la declaración de terceras personas.
Por otro lado, Santa Pau informó de que las órdenes de alejamiento en la península son de 300 metros, pero en Melilla, debido a las dimensiones de la ciudad, tienen que poner 200, porque sino se incumplirían de forma contínua aunque los agresores no quisieran. Así, la fiscal aseguró que muchas mujeres también acuden a los juzgados para que sean retiradas esas medidas de alejamiento o reanudan directamente la convivencia con el maltratador, de forma que no se les puede garantizar la seguridad.
La mayoría de los delitos, salvo unos pocos, es perseguible de oficio en España, es decir, desde el momento que se tiene conociemiento de ellos, se puede proceder judicialmente.
“Desde que la mujer pone la denuncia el ministerio fiscal, puede iniciar el caso, pero el problema con que nos encontramos es que ella no declare en el juicio. Por lo que no tenemos pruebas”, explicó.
De esta forma, el debate judicial se centra en que se elimine el artículo 416, para que estas mujeres estén obligadas a declarar contra los agresores, y que una vez que pongan en marcha el procedimiento en el juzgado de instrucción y luego en el penal se continúe con su aportación de pruebas.
Por otro lado, Santa Pau habló en su conferencia sobre la evolución legislativa desde el punto de vista histórico del derecho español, ya que sólo se ha tenido en cuenta la violencia de género a partir del 2004.
Además, insistió en que lo básico es tratar esta lacra social con un carácter multidisciplinar, no sólo desde el punto de vista jurídico, sino desde todos los sectores.
Varias voces y experiencias
Esta mesa ronda celebrada ayer en la sede de la Cruz Roja contó también con otros expertos en violencia de género, como el inspector de Policía Ángel Cátedra o la responsable del área de Atención a Mujeres de esta entidad, María del Carmen Andújar.
También participaron dos medios de comunicación, la directora de RNE, Montserrat Cobos, quien moderó el debate, y la directora de la cadena Ser en Melilla, Toñi Ramos, quien explicó cómo en esta cadena las noticias sobre violencia de género no se incorporan dentro del bloque de sucesos y evitan proporcionar datos morbosos.
Además, la profesora y coordinadora del Plan de Igualdad del IES Miguel Fernández, Elena Fernández Treviño, expuso la importancia de educar en igualdad y el papel del centro en implicar al alumnado en crear una conciencia sobre la eliminación de la violencia de género.
