Después de conocerse el viernes 28 de enero el nuevo auto del juez de Instrucción nº4, en el que volvía a citar a los 27 imputados en la causa abierta por presunto delito electoral y delito contra la Administración Pública, ayer tanto Muñoz como Aberchán, en una acción coordinada, decidieron contraatacar abiertamente las acusaciones del magistrado contra ambos.
A la espera de que el juez resuelva los recursos varios contra el mismo auto y el procedimiento en sí –no olvidemos que ya en enero el cepemista Aberchán solicitó que se declarara nulidad de actuaciones- los máximos dirigentes de PSOE y CpM han iniciado un goteo de acusaciones, apoyados por la Comisión Islámica de Melilla, en la que abiertamente, caso del cepemista, se acusa al juez instructor de prevaricar, mientras que desde el PSOE se le tacha de “confraternizar” con el PP y actuar al dictado de los populares, tal cual dijo el secretario general de los socialistas melillenses en un comunicado oficial el pasado sábado.
No cabe duda que han pasado del cuestionamiento de la Justicia a la clara agresión contra la misma, lo que en un Estado de Derecho, con diversas instancias y opciones para hacer valer la defensa de cualquier imputado, resulta especialmente llamativo en un partido que gobierna el país, tal cual es el socialista.
A cepemistas y socialistas, como ya señalé anteriormente en esta misma sección, les interesa distraer sobre este tema, trastocar su papel de acusados en acusadores y, si es preciso, poner en marcha el ventilador de la mierda, aunque los excrementos que se muevan no tengan nada que ver con la causa judicial que nos ocupa o ni siquiera con la política. Qué más da. Es preciso activar todos los resortes, desde poner en un brete la convivencia en esta ciudad hasta matar al mensajero si es necesario o crucificar al opinador si no gusta y, de paso, si es posible, vejarlo, desacreditarlo y vilipendiarlo.
Lo vivimos con el caso Sellam, convertido por Aberchán en un “secuestrado legal” una vez que su permanencia en prisión preventiva ya no permitía seguir amenazando a los informadores que dimos cuenta de la noticia, conforme a lo que nos exige nuestro trabajo.
Ahora con el caso del presunto fraude electoral, que va más allá de la presumible manipulación del voto por correo o de la alteración de las contrataciones en los Planes de Empleo para ‘preferenciar” a votantes de la coalición PSOE-CpM o colaboradores de la misma, la estrategia es clara: pasa por atacar a todo lo que se mueva en lugar de concentrar la defensa en los juzgados, que es donde debe librarse la batalla, con más razón si como dicen en CpM y PSOE no hay causa real contra ninguno de sus líderes.
Lo cierto sin embargo es que hay siete dirigentes del PSOE imputados, que su máximo líder en Melilla junto con el diputado local Azmani y el cepemista Aberchán, no sólo están imputados como el resto en un presunto delito electoral continuado, sino también en otros tipos de delitos electorales, amén de un presunto delito de falsedad y un posible delito a estudiar por obstrucción a la Justicia.
Que, además, están imputados tres dirigentes de Juventudes Socialistas, una exdirigente de esta formación y un exempleado del mismo PSME-PSOE, que se autoinculpó en el proceso.
Que al delito electoral continuado que se imputa a los 27 citados entre el 8 y 11 de marzo para comparecer en el juzgado en categoría de tales, es decir como imputados, se une también otro presunto tipo de delito electoral que se imputa a la diputada socialista local Celia Sarompas y al exvicesecretario general del PSME-PSOE, hoy secretario general de la UGT local, Alonso Díaz.
La estrategia de socialistas y cepemistas es clara: Por un lado, desviar la atención dando cuenta de supuestas connivencias entre el Gobierno local del PP y el autoinculpado en el proceso, Nordin Abdel-lah; por otro, intentar poner al juez contra las cuerdas con el auxilio de la CIM, que descaradamente abandona su dedicación a los asuntos religiosos para convertirse en una clara activista a favor de CpM y anunciar movilizaciones entre sus seguidores por lo que considera “agresiones del PP”. Un mal escenario este que les resumo, donde no promete prevalecer la democracia ni el respeto a las instituciones, sino simple y llanamente la guerra sucia, sin temor a que todos salgan enlodados en las heces. Mejor que la suciedad cubra al conjunto que sólo a unos pocos, parecen pensar en lo que no deja de ser un ‘estupendo’ servicio para la causa política a la que supuestamente sirven.
