El Gobierno aprueba las nuevas bases para las ayudas a las entidades del Tercer Sector, que movilizarán este año 211 millones.
El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a dos Reales Decretos que regularán las nuevas bases para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector (no gubernamentales y sin ánimo de lucro) y también las de las subvenciones estatales destinadas a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF. El segundo de ellos tiene por objeto establecer el marco de concesión de las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de programas de interés general con cargo a los fondos recaudados del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas por parte de la Administración General del Estado.
En concreto, el sistema de distribución de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, que ya han cumplido 25 años de existencia, se sustituye por otro que el Gobierno considera “más flexible, eficiente y objetivo, basado en áreas de actuación”, en lugar de en colectivos (mayores, jóvenes, personas con discapacidad, etcétera), como hasta ahora. En la convocatoria de 2013 se distribuirán cerca de 211 millones de euros.
Con esta nueva planificación, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, confirmó que se va a dar prioridad a los Programas de Urgencia Social con cuatro objetivos: atender las necesidades básicas de personas en situación de pobreza, apoyar a las familias con necesidades especiales de atención, en particular las que tengan menores, mayores o personas dependientes a su cargo; ayudar a las familias para una adecuada nutrición de los hijos menores y acciones dirigidas a adolescentes en riesgo de exclusión. Por primera vez, se incluye en la convocatoria de este año un programa independiente para dar respuesta a las situaciones de urgencia social con el objetivo de atender las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social.
En cuanto a las subvenciones de mantenimiento al Tercer Sector, se han modificado para reconocer a las organizaciones que componen esa área (unas 29.000 en España) como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado. Esta nueva regulación garantiza el mantenimiento del régimen de ayudas a las asociaciones que colaboren con los poderes públicos para atender situaciones de emergencia social, convirtiéndose en un pilar fundamental para su actuación.
Especial énfasis en proteger a la infancia
La nueva regulación aprobada ayer pone especial énfasis en aquellas entidades, asociaciones u organizaciones centradas en proyectos sociales de ayuda a las familias con problemas económicos, especialmente a las que tienen hijos, combatiendo así la pobreza infantil. El Gobierno, según anunció la ministra tras el Consejo de Ministros, trata de reorientar la convocatoria de ayudas sociales con cargo al IRPF y las de régimen general hacia las capas sociales más afectadas por la crisis.
