En la normativa se incluye la enmienda que permite legalizar las ‘devoluciones en caliente’
El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, en el que se incluye la enmienda que permitirá modificar la Ley de Extranjería para legalizar las ‘devoluciones en caliente’, superó ayer su primer trámite en el Senado tras el rechazo de los ocho vetos presentados por toda la oposición, que ha reiterado sus críticas a la iniciativa, que califican de “innecesaria” y de “reforma ideológica” para evitar la protesta en las calles.
Será en el pleno del Senado donde se debata nuevamente el proyecto tras aprobar ayer, con los votos del PP, el dictamen en la Comisión de Interior.
Los grupos de la oposición volvieron a incidir en la sesión de ayer en sus argumentos contrarios a la norma frente al PP, que se afanó en defender las “mejoras sustanciales” introducidas en la Cámara Alta y en mostrar su disposición a llegar a más acuerdos para afinar aún más el proyecto antes de remitirlo al Congreso.
En cuanto a la enmienda relativa a las ‘devoluciones en caliente’ en las fronteras de Melilla y Ceuta, hay que recordar que el PP añadió a esa enmienda llegada desde el Congreso varios párrafos que hacen referencia a que el rechazo de personas en la frontera “se realizará respetando” la normativa de derechos humanos y que las solicitudes de asilo se formalizarán en las oficinas habilitadas para ello.
Pese a que este es uno de los puntos más polémicos del proyecto, el debate en la comisión se centró en el rechazo al texto por parte de toda la oposición, que ha presentado ocho vetos.
Argumentos de la oposición
“No es solo un veto de los grupos a esta ley, es un veto de toda la sociedad”, dijo en su intervención el portavoz socialista Enrique Cascallana, que consideró que se trata de una norma que pretende únicamente dar respuesta al “malestar generalizado” por las políticas del Gobierno.
Para el PSOE, la futura ley nacerá con pocas garantías de mantenerse por el nulo apoyo de los partidos, de asociaciones, sindicatos y otras instituciones, pues supone un enorme “retroceso histórico” identificar como hace esta norma la seguridad ciudadana con el orden público.
“Recapaciten porque no pueden seguir aumentando los recortes a las libertades”, aconsejó Cascallana que, como el resto de portavoces, coincidió al señalar que la ley es “innecesaria” y no ha sido demandada por la sociedad.
Por su parte, Rafael Bruguera, portavoz de la Entesa, tampoco escatimó en duras críticas al acusar al Ejecutivo del PP de elaborar una “reforma ideológica” para reprimir los derechos ciudadanos.
“No se trata de una ley de protección de la seguridad, sino de una ley de orden público, control y represión de la población”, enfatizó el senador que tachó el texto de inconstitucional y un “verdadero ataque al Estado de Derecho”.
Desde CiU, su portavoz Jordi Miquel Sendra, denunció que si la ley actual, la llamada ‘Corcuera’, fue también conocida como “ley de la patada en la puerta”, el proyecto propuesto será la ley de la “patada en la puerta a los derechos y la patada en el trasero a los buscan una vida mejor”.
“Es bueno reformar las leyes pero no convertirlas en algo peor de las que teníamos”, concluyó Sendra, mientras que la parlamentaria de ERC Esther Capella dejó claro que ni la actual norma ni la que propone el Gobierno son buenas.
Puestos a modificar,añadió Capella, se debería haber hecho de otra manera que no convierta a la administración en “juez y parte” o se imposibilite el control sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.
Frente a las críticas, el portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar, pidió a los grupos que “repasen” sus argumentos contra la ley, pues no se corresponden con la realidad de un texto que ha tenido ya una trayectoria muy larga, que ha sido modificado y que se etiquetó desde el principio como “ley mordaza”.
“No hay ni un solo artículo que justifique esta denominación”, defendió Aznar que tendió la mano a llegar a más acuerdos durante esta semana para mejorar el texto antes de que llegue al pleno.
