“No queremos creer que detrás hay una intencionalidad del PP con el objetivo de poder manipular los beneficiarios de las viviendas de VPO”, apunta López Ochoa. La secretaria de Ordenación del Territorio, Vivienda e Infraestructuras del PSOE de Melilla, Rosa López Ochoa, anunció ayer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de la ciudad en contra del procedimiento de adjudicación de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de García Valiño. “Una sentencia que condena al Gobierno de la Ciudad Autónoma y a la Consejería de Fomento a elaborar de nuevo la lista de adjudicatarios de las viviendas de García Valiño y otras de dicha promoción ya que declara nulas las listas del 2008”, señaló.
Tal y como explicó Ochoa, la Ciudad Autónoma y la Consejería de Fomento “deberán proceder a publicar las nuevas listas definitivas de Adjudicatarios, Lista de Espera y de Excluidos de los distintos Cupos del Proceso de Promoción de García Valiño”.
Una sentencia, añadió la dirigente socialista, motivada “por una mala práctica del Gobierno del PP, porque tenemos que pensar que se trata de una mala gestión y no de algo peor”. “No queremos creer que detrás de todo esto hay una intencionalidad del PP con objetivo de poder manipular los beneficiarios de las viviendas de VPO”, señaló.
Y es que, tal y como informó López Ochoa, el origen de la sentencia es la demanda interpuesta por una solicitante de viviendas que no fue incluida en el baremo final, quedando en una lista de espera, al no haberse tenido en cuenta parte de sus circunstancias personales al realizar el baremo correspondiente y que, según ella alegaba, la colocaban en el segundo lugar de la lista de adjudicatarios.
60 puntos sin baremar
La socialista dejó claro que los que hacen las baremaciones “se pueden equivocar, porque son personas y que, quienes solicitan viviendas estén disconformes con el proceso, es algo previsto, de ahí que existan cauces para reclamar”.
Pero, lo que no es de recibo, recalcó es que, “desde el 26 de octubre de 2006 que presentó la solicitud de vivienda VPO hasta hoy, no ha obtenido respuesta alguna de la Consejería de Fomento, salvo la publicación de las lista de baremación donde no se le tuvieron en cuenta un total de 60 puntos”.
Es decir, la solicitante interpuso un recurso de alzada el 8 de agosto de 2008 frente a la lista definitiva. Este recurso se presenta frente a dichas listas y debía resolverse por la Consejería de Fomento, “pero nunca se le contestó”. “Es clara la falta de delicadeza y dejadez del Gobierno de la Ciudad, así como el desinterés y despreocupación que tiene esta Consejería por las personas que solicitan viviendas de VPO ya que dejaron transcurrir el plazo para resolverlo”, censuró, a la vez que explicó que “se produjo la desestimación del recurso por silencio administrativo”.
“Ni siquiera se detuvieron en revisar su documentación y en analizar las circunstancias personales, económicas o de necesidad de la unidad familiar que llevaron a la solicitante a pedir una vivienda de VPO”, lamentó.
Cuando el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla procedió a recabar el expediente administrativo, “nos encontramos que la circunstancia no tenida en cuenta es, ni más ni menos, que el desahucio de su vivienda por ruina inminente, tendiendo que abandonar la misma en cumplimiento de una resolución judicial que acordaba el lanzamiento y desocupación de la vivienda que disfrutaba como arrendataria”, explicó.
“Ha tenido que ser la Justicia, mucho más sensible que el gobierno de la Ciudad Autónoma, tras analizar la documentación obrante en el expediente, la que ha dictado una sentencia reconociendo a la solicitante que se le computen los 60 puntos que se debieron contabilizar en su día en la lista de baremo”, señaló, y crítico al Ejecutivo de Imbroda porque “ignoró totalmente su problemática haciendo oídos sordos a la situación de necesidad de la persona solicitante”.
“Atentos”
“Cabría preguntarse qué interés puede tener la Ciudad Autónoma para no llevar a cabo la correspondiente revisión solicitada por la persona que sufrió la violación de su derecho a una vivienda digna y que ha tenido que recurrir a los tribunales para que se reponga una situación de injusticia”, quiso saber Rosa López Ochoa, que hizo hincapié en que “no se comprende cómo el Gobierno del PP se complace en ignorar la situación de necesidad que tienen las familiar que recurren a las viviendas de VPO porque les es imposible acceder a una en el mercado de venta libre de vivienda”.
Por todo ello, apuntó que la gestión de la Ciudad Autónoma y de la Consejería de Fomento y la empresa Emvismesa “debería ser mucho más trasparente para que los melillenses no piensen que se están adjudicando viviendas para pagar ciertos compromisos adquiridos con particulares, pasando por encima de los derechos de los ciudadanos más necesitados y que, por justicia y baremo, les correspondían con preferencia”.
De hecho, desde el PSOE realizó un llamamiento a los afectados “para que estén muy pendientes de la nueva publicación de la lista con una configuración nueva al tener que rectificarse el baremo anterior”, así como a todos los solicitantes de viviendas, “porque visto lo visto, es probable que existan más injusticias”.
