La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha acordado solicitar a la Intervención General del Estado la elaboración de un informe técnico para que determine la legalidad de la actuación del interventor general de la Ciudad Autónoma en el marco del denominado caso “Santiago-Rusadir”, una causa en la que se investigan presuntos delitos de organización criminal, fraude en la contratación, delito electoral y contra la intimidad, entre otros.
El auto, dictado el pasado 2 de febrero de 2026 dentro de las Diligencias Previas 141/2023, acuerda que el órgano estatal se pronuncie expresamente sobre la responsabilidad del alto funcionario en relación con las posibles irregularidades detectadas en numerosos expedientes de contratación pública tramitados por distintas consejerías de la Administración local.
La investigación judicial tiene su origen en atestados policiales que apuntan a la existencia de una presunta organización criminal que habría operado utilizando la estructura de un partido político, en concreto bajo las siglas Coalición por Melilla. Según se recoge en la resolución, esa estructura habría actuado de forma organizada y planificada con el objetivo de alcanzar el gobierno de la Ciudad Autónoma y mantenerse en el poder.
Entre los hechos que se investigan figura un supuesto sistema de captación de votos por correo mediante la oferta de dinero u otros beneficios a cambio de la solicitud y entrega de la documentación electoral. La resolución señala que, una vez alcanzado el gobierno en 2019 en coalición con otras formaciones, se habrían utilizado consejerías controladas por miembros de esa formación política para la concesión de contratos públicos con los que, presuntamente, se habría beneficiado a personas físicas, jurídicas y empresas que colaboraron en procesos electorales anteriores.
En este contexto, la causa analiza un total de 364 contratos menores agrupados en 24 bloques en función de los adjudicatarios. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), encargada de la investigación, ha puesto de manifiesto una serie de posibles irregularidades en la tramitación de esos expedientes, que abarcan desde deficiencias en la preparación de los contratos hasta la ejecución y pago de los mismos.
Entre las irregularidades señaladas en el auto figuran la inconcreción del presupuesto y de las prescripciones técnicas, la ausencia de certificaciones de inicio y finalización en contratos de obras, la falta de publicidad en el portal de contratación, la fijación de plazos de apenas 24 horas para la presentación de ofertas, la reiterada invitación a empresas que finalmente no presentaban propuesta, así como la adjudicación a sociedades de reciente creación sin experiencia acreditada en contratación pública.
Funciones de control
La magistrada recuerda que, por razón de su cargo, el interventor general tiene atribuidas funciones de control, inspección y fiscalización interna de la contabilidad y de la gestión económico-financiera y presupuestaria de la Ciudad Autónoma. En este sentido, el auto recoge que la mayoría de los contratos investigados fueron fiscalizados por el propio interventor.
La instructora considera que existen indicios suficientes para investigar la posible colaboración del interventor en el entramado relacionado con la concesión de contratos presuntamente irregulares. La resolución señala que la persistencia de la mecánica descrita entre los años 2019 y 2023 no habría podido llevarse a cabo sin su intervención, al no haberse advertido determinadas irregularidades que, según se expone, debían haber sido señaladas en los informes de control interno.
Un elemento que la magistrada destaca de forma expresa es el cambio de criterio observado en los informes del interventor tras conocerse la existencia de la investigación judicial. El auto recoge que el 23 de mayo de 2023, fecha en la que se produjeron entradas y registros y la detención del entonces consejero de Distritos, Mohamed Ahmed Al Lal, el interventor comenzó a emitir múltiples informes en los expedientes investigados señalando irregularidades, objeciones y observaciones que no constaban en actuaciones anteriores.
En la resolución se detallan ejemplos concretos en los que, con posterioridad a esa fecha, se formularon reparos por falta de presupuesto rubricado por técnico competente, ausencia de certificación final de obra, insuficiente detalle en las facturas, plazos excesivamente cortos para la presentación de ofertas o carencia de justificación objetiva en la selección de los licitadores.
Ante este escenario, la magistrada acuerda remitir a la Intervención General del Estado el auto judicial, la totalidad de los expedientes contractuales investigados, el atestado policial por el que el interventor fue puesto a disposición judicial y la documentación complementaria. El objetivo es que ese órgano estatal emita un informe técnico independiente que determine si la actuación del interventor se ajustó a la legalidad y, en su caso, qué responsabilidad pudiera derivarse de las irregularidades detectadas.
Bajo secreto
En paralelo, el procedimiento continúa bajo secreto. Según han señalado a El Faro fuentes cercanas a la investigación, el próximo 5 de marzo la magistrada instructora deberá decidir si levanta completamente el secreto sobre el sumario o si, por el contrario, acuerda su prórroga por un periodo adicional de seis meses.
De optarse por esta segunda posibilidad, la causa no concluiría su fase de instrucción hasta finales del presente año 2026, lo que supondría la extensión de un procedimiento que ya acumula varios años de investigación y que afecta a decenas de personas físicas y jurídicas en relación con los contratos examinados.
La decisión que adopte la juez en esa fecha será determinante para el desarrollo inmediato de la causa, ya que el levantamiento del secreto permitiría a las partes personadas acceder íntegramente al contenido del sumario, mientras que una prórroga mantendría restringido ese acceso durante el nuevo periodo acordado.
Mientras tanto, la solicitud de informe a la Intervención General del Estado introduce un nuevo elemento técnico en la investigación, al trasladar a un órgano externo la evaluación de la actuación del máximo responsable del control interno económico-financiero de la Ciudad Autónoma en los expedientes que forman parte de esta compleja causa judicial.
