La inclusión en Melilla: un derecho en el papel, una deuda en las aulas

En Melilla se repite un discurso que todos conocemos: la importancia de la inclusión, la necesidad de atender a la diversidad, el compromiso con el alumnado que más lo necesita.

Sin embargo, la realidad de nuestros centros educativos dista mucho de esas palabras que tanto se exhiben en documentos y discursos oficiales.

Las aulas están cada vez más llenas de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) y con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Niños y niñas que, según la ley, deberían contar con los recursos necesarios para aprender, avanzar y desarrollarse en igualdad de condiciones. Pero la realidad es otra: no hay suficientes maestros de Pedagogía Terapéutica (PT) ni de Audición y Lenguaje (AL) para dar respuesta a esta creciente demanda.

Las familias se desesperan, el profesorado se ve desbordado y el alumnado más vulnerable paga el precio de una gestión que deja a un lado lo más importante: su derecho a una educación de calidad. Resulta inaceptable que, existiendo listas de interinos con profesionales formados, disponibles y con vocación, esas plazas no se estén cubriendo con la agilidad necesaria. Mientras tanto, se parchea la situación con perfiles que no tienen la preparación específica que estos alumnos requieren.

Hablar de inclusión sin poner los recursos humanos sobre la mesa es una contradicción. Es, en realidad, una forma de exclusión encubierta. Porque la inclusión no se logra con buenas intenciones, sino con hechos: con docentes suficientes, con especialistas en las aulas, con refuerzos reales que permitan atender al alumnado con dignidad.

Lo que está ocurriendo en Melilla es una auténtica vergüenza. Una muestra de cómo las leyes y los principios educativos pueden quedar en papel mojado si no se acompañan de una dotación adecuada de personal. La inclusión no puede ser un eslogan vacío: debe ser un compromiso real y verificable.

Nuestros niños y niñas con NEE y NEAE tienen derecho a una educación inclusiva, no a una versión reducida y precarizada de ella. Cumplir con ese derecho no es un favor ni un gesto de buena voluntad: es una obligación legal y moral que las administraciones no pueden seguir ignorando.