Martínez Escamilla, autora del estudio sobre ‘expulsiones en caliente’, elogia un auto “inatacable” y muy bien argumentado.
La catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Margarita Martínez Escamilla, autora del informe ‘Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley’, elogió ayer el auto de imputación del coronel de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, por un supuesto delito de prevaricación al firmar las indicaciones por las que se rigen los agentes de la Benemérita de la ciudad para actuar en los asaltos a la valla.
La jurista aseguró, en declaraciones a El Faro, que la imputación del coronel le parece “una muy buena noticia por varias razones”. En primer lugar, explicó, “porque pone fin a una percepción, quizá equivocada, de que en Melilla los responsables judiciales y representantes del Ministerio Fiscal no parecían tener excesivo interés en investigar hechos que, además de ilegales, muestran claros indicios de ser delictivos. En este sentido el auto nos devuelve la confianza en la Justicia. Desde un punto de vista jurídico me parece un auto magníficamente argumentado, inatacable desde una perspectiva técnica”, señaló a este periódico.
Consultada por El Faro sobre si cree que el informe que firmó y presentó en junio pasado junto a 16 prestigiosos juristas españoles sobre la ilegalidad de las ‘devoluciones en caliente’ puede haber influido en el cambio de rumbo de los acontecimientos en Melilla, Martínez Escamilla peca de modestia. “Desconozco si nuestro informe ha tenido influencia o no en el auto. En cualquier caso, éste ofrece nuevos argumentos basados en los tratados de delimitación territorial de Melilla que no estaban en nuestro estudio. Son argumentos de gran contundencia que vienen a probar la insostenibilidad del concepto operativo de frontera y, por ende, la radical ilegalidad de las devoluciones en caliente”, recalcó a este periódico.
A la catedrática de la Complutense de Madrid la imputación del coronel de la Guardia Civil de Melilla le parece “necesaria no sólo por la existencia de los indicios de criminalidad que aparecen sólidamente desarrollados, sino porque también le otorga un estatus procesal en el que puede ejercer en plenitud todos sus derechos de defensa”, apuntó a El Faro.
Ejecutores y ordenantes
En esta línea abunda en que “según nuestro Código Penal, no sólo responden los ejecutores materiales de las conductas delictivas, sino también quienes las ordenan y las hacen posibles. Es obligado examinar la responsabilidad penal del coronel jefe de la Comandancia. Y no sólo la suya, sino la de todo aquél que ostentando cargos de responsabilidad y teniendo conocimiento de tales prácticas, no adopta las medidas necesarias para ponerles fin. No resulta de recibo alegar desconocimiento de la ilegalidad de tales prácticas, que es obvia a la luz de la Ley de Extranjería. El conocimiento de las normas básicas de extranjería se presupone y resulta exigible a quienes tienen encomendadas la toma de decisión y la ejecución de las devoluciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros, sobre todo, si ocupan cargos de responsabilidad”.
La solicitud de un protocolo
La coordinadora del informe ‘Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley’ ha asegurado a El Faro que entiende que los guardias civiles pidan instrucciones escritas sobre cómo actuar en la valla. “Siempre es más fácil condenar al autor directo, que incluso en muchas ocasiones puede estar actuando en contra de su conciencia, sobre todo, si no existe constancia de que la decisión viene de los mandos superiores. Entiendo a los miembros de la Guardia Civil de Melilla que se encuentran en una situación muy difícil, pero creo que deberían negarse a cumplir estas órdenes. Es un deber jurídico y un deber ético”, dijo.
Para explicar su consejo, Martínez Escamilla explica que “la obediencia debida no opera cuando se cumplen órdenes manifiestamente ilegales o delictivas, como es el caso. Hay conductas cuya ilegalidad es manifiesta. Por ejemplo, parte de los hechos que están siendo investigados son devoluciones de extranjeros que han sobrepasado tanto la valla exterior como la valla interior. Incluso manejando el concepto operativo de frontera esgrimido por Interior, estas devoluciones serían ilegales. A mi juicio, como catedrática de Derecho Penal, la responsabilidad penal en estos supuestos es evidente tanto respecto a los guardias civiles que ejecutan estas devoluciones ilegales, como respecto a quien dio las órdenes o las permitió”.
“Interior debe cumplir la ley: Es lo patriótico”
A la catedrática de Derecho Penal de la Complutense Margarita Martínez Escamilla le parece que ya es hora de que el Ministerio del Interior desista de su “concepto operativo de frontera”, según el cual, un inmigrante que se encarama en la valla de Melilla no está en territorio español y sólo se considera que ha entrado en España cuando rebasa la barrera de la Guardia Civil.
A preguntas de El Faro sobre si considera que Interior debe rectificar su concepto operativo de fronteras, Martínez Escamilla es contundente. “El Ministerio del Interior, tras las muertes de Ceuta y ante la imposibilidad de negar las ‘devoluciones en caliente’, emprendió una huida hacia adelante. Intentó justificar, a través de un insostenible concepto operativo de fronteras, conductas ilegales. A mi juicio, delictivas. Conductas que, además, crean una imagen nefasta de España y de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tanto a nivel nacional como internacional. Interior tiene que dejar de insistir en semejante concepto operativo y velar por que se cumpla la ley y se respeten los derechos humanos. Esto es lo realmente patriótico”, concluyó.
Martínez Escamilla critica la “pasividad” del fiscal del Estado
La catedrática de Derecho Penal de la Complutense de Madrid y coordinadora del informe ‘Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley’ criticó ayer la “llamativa pasividad mostrada por la Fiscalía General del Estado ante unos hechos (las ‘devoluciones en caliente’ en Melilla) cuya falta de cobertura legal parece fuera de toda duda, hasta el punto de que la actuación judicial se ha tenido que desarrollar a impulso de la denuncia articulada por la sociedad civil”. Al hilo de estas declaraciones, la jurista aseguró ayer que “resulta difícil comprender que Joaquín Sánchez-Covisa Villa, que es el fiscal de Sala Coordinador de Extranjería, declarara a El Faro que las ‘devoluciones en caliente’, en las que se vulneran derechos básicos de los ciudadanos extranjeros, no entran dentro de sus competencias y, al parecer, no haya realizado ningún tipo de actuación o gestión al respecto”.
