La Asamblea de Melilla ha aprobado este miércoles, durante la celebración del Pleno Ordinario, el nuevo contrato para la gestión de 48 plazas en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Internamiento para Menores Infractores. El servicio será adjudicado mediante procedimiento abierto y ha sido elaborado por la Dirección General del Menor y la Familia, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública.
Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, en representación de la titular del área, la gestión que se desarrolla en este centro es de carácter integral y abarca la atención residencial, física, psicológica, educativa y social de los menores. Asimismo, el recurso atiende las distintas modalidades de internamiento previstas para los jóvenes infractores, incluyendo los regímenes cerrado, semiabierto, abierto e internamiento terapéutico en cualquiera de estas modalidades.
Uno de los aspectos más destacados del nuevo contrato es la incorporación de mejoras respecto al vigente, que se encuentra próximo a finalizar. Entre ellas, Ventura subrayó que se valorará especialmente que las empresas licitadoras amplíen el personal técnico más allá del mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. Esta ampliación podrá realizarse en categorías como coordinador, ATS-DUE o psicólogo y psicóloga.
El presupuesto base de licitación asciende a 22.299.600 euros para un periodo inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos años más. La inversión supone un importante incremento respecto al contrato anterior y responde, según señaló el consejero, a la necesidad de reforzar los recursos humanos y adaptar el servicio a las nuevas exigencias laborales y asistenciales.
En este sentido, el nuevo contrato contempla una ampliación significativa de la plantilla. El número de trabajadores adscritos al servicio pasará de 64 a 74 empleados. El refuerzo incluye la incorporación de tres auxiliares educativos, tres trabajadores destinados al servicio de lavandería, tres auxiliares de control educativo y un mediador intercultural.
Otra de las novedades recogidas en el pliego es la obligación para la empresa adjudicataria de asumir la alimentación de los trabajadores que se encuentren prestando servicio en el centro, una medida que no figuraba en el contrato anterior.
Ventura también destacó que desde diciembre de 2024 está en vigor el V Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, una normativa que introduce mejoras sustanciales en las condiciones laborales del personal que desarrolla su actividad en este tipo de centros. El nuevo contrato se ha elaborado teniendo en cuenta las exigencias de este convenio y su aplicación práctica en el funcionamiento del recurso.
Además, el consejero señaló que el documento ha sido consensuado con la empresa que actualmente presta el servicio, con los agentes sociales y con la propia Dirección General de Menores y Familias, con el objetivo de garantizar un modelo de gestión ajustado a las necesidades reales del centro y de sus trabajadores.
En el apartado económico, Ventura resaltó que el presupuesto destinado a este servicio experimenta un incremento del 57 por ciento respecto al contrato anterior para el conjunto de los cuatro años de duración máxima previstos. De esta forma, la inversión pasa de algo más de 14 millones de euros a superar los 22 millones, una diferencia que, según indicó, permitirá atender tanto el aumento de personal como las mejoras derivadas de la actualización de las condiciones laborales recogidas en el nuevo convenio estatal.
Con la aprobación plenaria de este expediente, la Ciudad Autónoma inicia el proceso para adjudicar la gestión de un recurso que presta atención especializada a menores sometidos a medidas judiciales de internamiento, reforzando tanto la dotación de personal como las condiciones de prestación del servicio.
Y no seria mejor mandar a lo menores con sus padres y ese dinero invertirlo en dar trabajo, arreglar la.ciudad, etc.
A los menores extranjeros, infractores o no, hay que expulsarlos a su país y que los custodien sus respectivas familias. No más ilegales marroquíes ni en Melilla ni en el resto de España