El informe anual publicado por la Fundación SOS Racismo pone el foco en Melilla
El ‘Informe Anual 2017 sobre el Racismo en el Estado Español’ menciona varias veces las fronteras de Melilla y Ceuta como ejemplo de discriminación y de escenario de prácticas que van en la línea contraria a los derechos humanos. El trabajo, elaborado por la Federación SOS Racismo y publicado esta semana, sostiene en sus páginas que las ciudades autónomas sólo son “abiertas para quienes pueden sobornar a policías fronterizos”.
En esta línea, el informe llega a la conclusión de que España cuenta con fronteras que son “selectivas”, por las que únicamente pueden pasar personas con capacidad económica para “adquirir documentos que les facilitan en el paso fronterizo a través de las denostadas mafias”.
Falta de vías seguras
Según la investigación de la Federación SOS Racismo, la Frontera Sur suele permanecer “cerrada” para quienes “pueden tener iguales o mayores motivos que las personas procedentes de Siria para solicitar protección internacional”. Esto conduce a la falta de vías seguras para que las personas accedan al territorio nacional, sobre todo para los migrantes que vienen del África subsahariana, mantiene el informe.
Muertes en la frontera
Según las cifras de las que se hace eco el trabajo, a lo largo de 2016 entraron en la ciudad un total de 3.512 personas procedentes de Marruecos.
Rescatando los datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), afirma que a través de los saltos a la valla consiguieron llegar a tierra melillense 325 migrantes, en su mayor parte por el procedimiento del ‘goteo’ o pequeños grupos, aunque también se produjeron unos 15 saltos significativos en los que participaron en torno a 2.500 personas, contabilizando los intentos repetidos.
Como recoge el trabajo de SOS Racismo, la APDHA informó de 295 muertes y desapariciones a lo largo de 2016 de personas que trataban de llegar a España.
La infancia vulnerable
El informe también menciona la situación “alarmante” en la que viven los menores extranjeros no acompañados en las calles de Melilla. “No reciben información de su situación jurídica, no están empadronados, son devueltos irregularmente a Marruecos, sufren el estigma de los medios locales y de parte de la población”, sostiene la Federación SOS Racismo.
Según recalca, también son víctimas de la violencia policial y tienen dificultades para acceder a los servicios sociales. “Prefieren jugarse la vida cuando aún no han cumplido la mayoría de edad como polizones en barcos para pasar a la península en lugar de terminar en la calle a los 18 años sin ningún tipo de posibilidad de documentarse”.
