Las penas más altas solicitadas, 27 años de prisión y 50 de inhabilitación, son para el presidente de CpM, Mustafa Aberchán, y el ex secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, a los que el fiscal imputa hasta siete delitos.
La Fiscalía de Melilla ha pedido un total de 231 años de cárcel para una treintena de dirigentes del PSOE y de Coalición por Melilla (CpM), principal partido de la oposición en la ciudad, por su supuesta relación con una trama de compra de votos en las elecciones generales de 2008 bajo la promesa de un trabajo en los Planes de Empleo. Se trata del escrito de calificación del fiscal en el denominado ‘Caso del Voto por Correo’ cuya instrucción finalizó hace más de un año.
Las penas más altas que solicita la fiscal Isabel Martín López son para los supuestos autores intelectuales de la trama: El ex secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, y el actual candidato de CpM, Mustafa Aberchán. La fiscal pide para cada uno de ellos 27 años de cárcel y 50 de inhabilitación por hasta siete delitos, tres por delitos electorales, uno de falsedad y otros tres de prevaricación, de malversación de caudales públicos y de asociación ilícita. Además solicitan que se impongan multas a cada uno por un total de 58.560 euros.
Según el escrito de calificación, están acusados en diferentes grados de implicación en la trama 17 dirigentes del PSOE, entre ellos su actual secretario general y ex delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, para el que el Ministerio Público solicita nueve años de prisión y 20 de inhabilitación por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Entre las penas más altas solicitadas para los acusados del PSOE están las del ex secretario general de Juventudes Socialistas, Amin Azmani, para el que la fiscal pide 12,5 años de prisión y 11 de inhabilitación por dos delitos electorales, falsedad y asociación ilícita. Para el director provincial de Correos, Juan José Redondo, solicita 12 años de prisión y nueve de inhabilitación por dos delitos electorales y otro de asociación ilícita.
La fiscalía pide penas de entre 5,5 años y 9 años de prisión para el resto de acusados pertenecientes al PSOE local (Alonso Díaz, Rabea Aomar, Yeray Díaz, Nora Hamed, José Gabriel Jiménez, Celia Sarompas, Rafael Robles, Eman Mohamed, Nordin Abdel-Lah, Ikram Aanan, Ana Mansilla y Joaquin Arana). En total todos suman 132 años.
Por otra parte, los imputados en la trama del ‘Caso del Voto por Correo’ pertenecientes a CpM son trece. Tras Aberchán, el ex diputado de CpM y miembro de la ejecutiva del partido, Abderrahim Sel-Lam, se enfrenta a la mayor pena. La Fiscalía solicita para él 10,5 años de prisión y 9 de inhabilitación por dos delitos electorales y otro de asociación ilícita. El resto de los imputados, entre los que se encuentran familiares de Aberchán, se enfrentan a penas, como mínimo, de 5,5 años de prisión (ali Ahmed, Nor Al Houda Hamed, Zahra Karam, Aicha Ahmed, Francisco Román, Yamila Mohatar, Laila Amar, Farah Bumedien, Jaouad Mohamed, Mimun Mohamed y Mimon Mohamed).
Dado que las penas solicitadas superan los cinco años de cárcel, la fiscal pide al juez instructor la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial.
El origen de la investigación
Esta investigación, que se ha instruido durante varios años, se inició en marzo de 2008 por un supuesto delito electoral. El procedimiento se abrió a partir de la remisión en masa a la ciudadanía de unas cartas “falsas” con motivo de las Elecciones Generales de marzo de 2008, en las que se ofrecían puestos de trabajo en los planes de empleo que se iban a convocar.
Durante la instrucción quedó de manifiesto la existencia de un “entramado” conformado por diversas personas que pretendieron la “obtención ilegítima” de votos a favor de la coalición que formaban entonces CpM-PSOE, incumpliendo los trámites establecidos para el voto por correo, según el escrito de la fiscal. Este pacto fue apadrinado a finales del año 2007 por el entonces presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.
En la lista de dirigentes socialistas que están llamados a sentarse en el banquillo de los acusados figuran también el exsecretario de Organización del PSOE, Alonso Díaz, el exdirector del Servicio Público de Empleo Estatal, Joaquín Arana, y el actual secretario general de Juventudes Socialistas, Sergio Martínez Ranero, entre otros.
Además de las penas de cárcel, la fiscal, en su escrito de 127 páginas, solicita un total de 272 años de inhabilitación para el conjunto de los implicados y multas e indemnizaciones que superan el millón de euros.
