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El Defensor del Pueblo recoge esta afirmación en una respuesta a la ONG Pro Derechos Humanos
La Asociación Pro Derechos Humanos ha recibido una respuesta del Defensor del Pueblo sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en Melilla y las deficiencias detectadas en La Purísima. En este documento, dicha entidad recoge la información proporcionada por la Consejería de Bienestar Social y también de la Fiscalía. En relación a esta última, señala que ha instado a la Delegación del Gobierno de la ciudad a que “adopte las medidas necesarias con el fin de que la tramitación de la residencia de los menores se realice con la mayor celeridad, especialmente en el caso de los que se encuentran próximos a cumplir la mayoría de edad”.
De hecho, el Defensor del Pueblo señala que esta resolución es similar a la dictada por esta institución. Fue a finales de mayo cuando El Faro recogió que esta entidad había solicitado a la Delegación del Gobierno que llevara a cabo “las medidas necesarias, en coordinación con los servicios de protección de menores, que impidan que los menores cumplan su mayoría de edad sin contar con la oportuna autorización de residencia y sin que se les haya expedido la tarjeta de identidad de extranjero”.
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En este escrito remitido a la Asociación Pro Derechos Humanos, también se indica que la Fiscalía de Área de Melilla visitó La Purísima el 3 marzo. En su informe resalta su “sobreocupación” y “el mal estado” de conservación del centro. Añade que es preciso arreglar los pozos negros, mejorar la escolarización y la formación de los internos y determinar la edad de los menores indocumentados y la tramitación de sus documentos.
En este sentido, el Defensor del Pueblo señala que la Fiscalía se ha dirigido a la Consejería de Bienestar Social solicitando que se pongan en marcha las actuaciones necesarias para dar cobertura al elevado número de niños y jóvenes que hay en La Purísima.
También reclama a la Ciudad información sobre los menores ingresados en cada uno de los módulos y sobre el número de ellos pendientes de realizar pruebas de determinación de la edad y de obtener su documentación, con indicación del tiempo que llevan ingresados en el centro y los motivos de la falta de tramitación.
Asimismo, la Fiscalía se interesa por saber cuántos internos están escolarizados, dónde realizan sus estudios y qué formación cursan.
Semanas sin ser reseñados
El Defensor del Pueblo incluye en este documento que la Consejería de Bienestar Social informa de que los menores que pernoctan en la calle no quieren estar en los centros de protección porque desean marcharse como polizones en los busques a la península. Apunta que la mayoría tiene problemas graves de drogadicción. Aunque esta institución lamenta que la Ciudad no dé más información sobre qué medida adopta para proteger a este colectivo.
En cuanto a la demora en la reseña y determinación de la edad de los internos, la Consejería responde que son los servicios de protección los que solicitan a la Policía que registre a los menores. Afirma que las reseñas no son automáticas, sino que, “por falta de personal, se ejecutan a demanda de la Policía, por lo que los interesados pueden permanecer semanas internos en los centros sin ser reseñados”.
El Defensor del Pueblo indica que en Melilla no se sigue ‘el protocolo marco de mena’ y por lo tanto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no identifican a los menores antes de ingresarlos en los centros de protección.
Respecto a la documentación, Bienestar Social argumenta que se realiza según la normativa, solicitando el permiso de residencia y la cédula de inscripción antes de los tres meses, siempre que se haya determinado la edad.
Tutela para otras autonomías a través de la Secretaría de Estado
El Defensor del Pueblo responda a Pro Derechos Humanos que se ha solicitado a la Consejería de Bienestar Social y al Ministerio Fiscal que continúen informando sobre las medidas que se realicen para “solventar irregularidades” en el centro y la asistencia a los menores. Pero además, informa de que se han iniciado actuaciones con la Secretaría General de Inmigración y Emigración para la posibilidad de establecer convenios con entidades dedicadas a la protección de menores y con otras autonomías para asumir su tutela y custodia, a fin de garantizar unas mejores condiciones de integración. Esta iniciativa se basaría en dos artículos de la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero, según el Defensor del Pueblo.
