Cuatro días después del violento salto a la valla del viernes 24 de junio, la Fiscalía General del Estado ha anunciado que investigará lo ocurrido en la alambrada para determinar las causas de la muerte de al menos 23 migrantes subsaharianos en el lado marroquí de la frontera.
La fiscal general Dolores Delgado ha encargado esa investigación a la fiscal coordinadora de la sala de Extranjería Beatriz Sánchez. Lo hace con la presión de saber que el Comité de la ONU sobre los Trabajadores Migrantes se le adelantó y ha pedido expresamente a España y a Marruecos que investiguen lo ocurrido con el ánimo de dilucidar si los migrantes murieron por la estampida, al caer de la valla o por alguna acción de los agentes de la frontera.
En el Congreso de los Diputados, el Gobierno se ha quedado solo defendiendo la actuación de la Policía marroquí en la alambrada. Todos los grupos políticos han condenado lo ocurrido. Desde el PSOE lamentan las muertes pero culpan de ellas a las mafias.
En Bruselas, el lobby marroquí se ha puesto manos a la obra y ha enviado cartas como la recibida por el eurodiputado Miguel Urbán, en la que el gobierno del país vecino achaca la tragedia de Barrio Chino a mafias "violentas agitadas por Argelia".
El Ministerio público habla de "singularidad" y "complejidad" de lo ocurrido que ahora se compromete a investigar, después de que el Defensor del Pueblo haya avanzado su intención de solicitar información a los organismos administrativos competentes.
Entre otras cosas, el Defensor Ángel Gabilondo quiere saber cómo se aplicaron los protocolos en el CETI tras la llegada de 133 inmigrantes que entraron en la ciudad por la valla, en uno de los saltos más violentos que se recuerdan. Y no sólo porque llegaran hasta la alambrada armados con palos, piedras y una radial, como denunció la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) sino porque hay imágenes en redes sociales que recogen los enfrentamientos en el bosque entre los inmigrantes y la Policía marroquí. En uno de esos vídeos se ve cómo los inmigrantes, a pedradas, obligan a los agentes a retroceder.
No se trata de criminalizar la inmigración sino de tener en cuenta todas las variables y una de ellas es que el perfil del inmigrante ha cambiado porque probablemente también lo han hecho las circunstancias que le obligan a emigrar y a subsistir en un territorio como Marruecos, donde la inmigración irregular es delito.
El anuncio del inicio de la investigación de la Fiscalía general se ha hecho de rogar, pero finalmente ha llegado. Es importante que se esclarezca lo ocurrido porque no hacerlo sería renunciar a los valores de la Europa democrática, abierta, diversa y plural de la que tan orgullosos estamos.
