El Ministerio Fiscal solicitó ayer una pena de dos años de prisión para un empresario melillense, cuyas iniciales son Y. S., por un delito contra la propiedad industrial.
En esta vista, celebrada en el Juzgado de lo Penal número 1, la fiscal consideró probado que Y. S. recibió en junio de 2012 una importación de carbón de pipas para fumar “a sabiendas” de que no disponía de la patente para comercializar las marcas recibidas.
Dicha patente corresponde a otro empresario melillense, que responde a las iniciales M. M. y ejerció como denunciante.
A preguntas de la fiscal, M. M. acreditó que posee el título expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas para comercializar los productos que Y. S. recibió procedentes de China.
Requerimiento por burofax
El denunciante declaró que el 24 de marzo de 2012 envió un burofax a Y. S. requiriéndole que se abstuviera de vender las marcas de carbón de pipas para fumar cuya patente no poseía el acusado.
El denunciado afirmó ante la juez que la recepción del cargamento en junio se debió a un error por parte de su proveedor chino, que había fletado el cargamento en barco y ya estaba de camino a Melilla.
Y. S. manifestó que al recibir la mercancía acudió a visitar a M. M. para comunicarle que podía quedarse con el cargamento. Sin embargo, M. M. negó que ese encuentro llegara a producirse.
El abogado de la acusación particular añadió que Y. S. ya había efectuado “cuatro importaciones previas” a la recibida en junio de 2012. Asimismo, subrayó que si el acusado hubiera obrado de buena fe, podría haber detenido “voluntariamente” el “despacho de la mercancía en la aduana”. Sin embargo, no lo hizo, “porque el 28 de mayo de 2012 presentó la solicitud de despacho formal”.
Escrito de acusación
Aparte de los dos años de prisión para Y. S., la fiscal solicita 20 meses de multa y 125.000 euros por responsabilidad civil. No obstante, señaló que no se opondría a una suspensión de la pena de prisión en caso de proponerlo así la juez.
