La familia Zarioh exige una vivienda digna, tras un derrumbe en su domicilio

La familia Zarioh lleva un mes sumida en la más absoluta desesperación. Este matrimonio melillense, con dos hijos pequeños a su cargo, vio como su vida dio un vuelco el pasado 16 de junio, cuando se derrumbó el techo de su domicilio. Desde entonces, viven en casas de familiares y amigos, pero sin tener una vivienda digna.

Esta mañana se han concentrado frente a la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública para exigir una solución a su situación. Una acción que comenzó ayer lunes, cuando reunieron a más melillenses afectados por una situación similar y que continuará mañana miércoles.

El padre de familia, Yamal Zarioh, se ha declarado además en huelga de hambre y según ha manifestado a los medios, se mantendrá así hasta que reciba una solución satisfactoria para su familia.

Este matrimonio lleva residiendo en una Vivienda de Protección Oficial (VPO) desde el año 2014, en régimen de alquiler social. Una casa que según han denunciado, ya antes del derrumbe "no estaba en las mejores condiciones de habitabilidad". De hecho, la hija tiene problemas en sus pulmones, una condición que achacan al mal estado de la vivienda.

Denuncian que la única solución que se les ha ofrecido es dirigirse al albergue San Vicente de Paul. Sin embargo, el progenitor no está para nada conforme con ello, pues no cree que ese sea un entorno adecuado para dos niños pequeños, más si cabe cuando su hijo padece del Trastorno del Espectro Autista.

"Suele haber conflictos en el albergue. Además, nos sacarían a las 09:00 hasta las 13:30 horas y ¿Adónde vamos con dos criaturas? Nos dicen que nos van a buscar soluciones con un alquiler social, pero llevamos meses esperando. Nos dieron dos días de habitación de hotel, habitación para una persona, pero nos tuvimos que marchar".

Yamal trabajaba como vigilante de seguridad hasta hace 6 años, cuando tuvo que solicitar la baja médica. Actualmente recibe una ayuda de 800 euros, un ingreso con el que no puede obtener una vivienda para su familia.

"Se está vulnerando el artículo 47 de la Constitución Española, que habla del derecho a una vivienda digna. Aunque tuviera una buena nómina, me pedirían un aval. Mandarte a buscar una vivienda en Melilla con estos ingresos es vaciar el mar con un cubierto. Muchas veces parece que te alquilan, pero cuando ven la nómina, te cierran las puertas. Este es un problema que conocemos todos los melillenses".

Emvismesa

El matrimonio ha recordado que ya en el año 2014 solicitaron un alquiler social, pero desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla (Emvismesa) se le concedió una ayuda al alquiler, algo que Yamal dice no comprender, puesto que en ese momento no vivía en una casa en alquiler.

"El primer requisito que te piden para una ayuda al alquiler es un contrato de arrendamiento con una cédula de habitabilidad, pero jamás se entregó".

El matrimonio ha solicitado de forma reiterada tanto los informes como el duplicado de la solicitud, pero denuncian que se les ha negado el acceso a ambos.

También denuncian "falta de diálogo y de transparencia" por parte de las autoridades competentes, tanto en la Consejería como en Emvismesa.

"El señor Hassan Driss nos dijo hace una semana que había hablado con la señorita Randa, pero ayer hablamos con la consejera y nos lo negó. Aquí alguien nos está engañando, pero no a mí, sino a dos niños pequeños que están en la calle, porque hoy soy yo, pero mañana le puede tocar a cualquiera. Creo que la Ciudad Autónoma debería ponerse al tanto, porque estando Daniel Ventura al frente de este área se han solucionado muchos casos. Entendemos que con el ciberataque se han caído las gestiones, pero deberían estar más al día de lo que pasa en la ciudad y mirar la gestión de Emvismesa, porque esto no es un problema de hoy, sino que viene arrastrándose desde hace muchos años".

Defensor del pueblo

Recientemente, Yamal se puso en contacto con el Defensor del Pueblo para trasladarla su situación. Una acción que relaciona con la solicitud de Ángel Gabilondo a la Ciudad Autónoma, junto a otras administraciones estatales y locales; para obtener información detallada sobre sus políticas de vivienda y  conocer qué medidas se están tomando para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.

Este matrimonio ha lamentado el trato recibido por parte de algunos trabajadores sociales de la Consejería. Y es que consideran que no tienen porque dirigirse a entidades sociales, sino que es la Ciudad la que debe hacerse cargo de su situación.

"Hemos venido aquí porque nos estaban cerrando todas las puertas. La mayoría de mis amigos se encuentran en los Países Bajos por la falta de empleo y de vivienda. Aquí una familia no sale con 1.200 euros si tiene un alquiler de 800 euros y cargas familiares".

Por lo pronto, Yamal afirma que su lucha "no ha hecho más que empezar". No en vano, recuerda que se trata de sus hijos y que cualquier padre en su sano juicio no se quedaría quieto en su lugar.

Por ello, confían en que de parte del área de Políticas Sociales se tenga una mayor "empatía humanitaria" y se les conceda una solución.

Este medio ha intentado ponerse en contacto tanto con la Consejería de Políticas Sociales como con Emvismesa para obtener su versión sobre este caso. Sin embargo, desde ambas áreas han preferido, por el momento, no pronunciarse al respecto.