El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado formalmente a la Ciudad Autónoma de Melilla, junto a otras administraciones estatales y locales, información detallada sobre sus políticas de vivienda. La petición forma parte de una iniciativa nacional que incluye 30 actuaciones de oficio, con el objetivo de conocer qué medidas se están tomando para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, como establece el artículo 47 de la Constitución Española.
Esta actuación del Defensor del Pueblo alcanza al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a todas las comunidades autónomas, a Ceuta y Melilla, y a los diez ayuntamientos más poblados del país: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria. A todos ellos se les ha requerido información sobre sus planes y acciones en materia de vivienda protegida, asequible incentivada y ayudas al alquiler.
La institución ha solicitado datos concretos como el número de viviendas protegidas y asequibles que existen en cada territorio, el número de personas en lista de espera para acceder a una de ellas, y las estrategias previstas para incrementar el parque de vivienda con algún tipo de régimen de protección pública. También se requiere información sobre la aplicación de medidas recogidas en la Ley por el Derecho a la Vivienda, en particular en zonas consideradas como mercados residenciales tensionados.
Otra de las cuestiones planteadas es la regulación de las viviendas destinadas a alquiler turístico, así como las ayudas directas o indirectas que las administraciones estén ofreciendo para facilitar el pago del alquiler a los ciudadanos. A juicio del Defensor del Pueblo, estas medidas son esenciales para hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda adecuada.
Gabilondo ha señalado que “parece preciso aumentar significativamente la oferta de vivienda, especialmente las de carácter protegido, que deben sujetarse a un régimen de protección permanente, y gestionar las ayudas al alquiler de manera ágil”. En este sentido, ha recordado que el acceso a una vivienda no solo es una necesidad básica, sino un derecho fundamental cuyo cumplimiento debe ser garantizado por los poderes públicos.
El Defensor del Pueblo también ha requerido al Ministerio de Vivienda información específica sobre el contenido del próximo plan estatal de vivienda, el estado de constitución de la empresa pública de vivienda anunciada por el Gobierno, y el grado de ejecución de los programas actuales de construcción de vivienda.
Según los últimos datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda, elaborados a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, España cuenta con un parque de vivienda social que representa solo el 3,3% del total de hogares o viviendas principales, muy por debajo de la media europea, situada en el 10%. En Países Bajos esta proporción asciende al 30% y en Francia al 17%.
Las dificultades de acceso a la vivienda son, según el Defensor del Pueblo, una realidad extendida en todo el territorio nacional, aunque más acentuada en zonas con mayor densidad de población y afluencia turística. Afectan especialmente a los jóvenes, a las personas con menos recursos económicos, a trabajadores desplazados y también a hogares con ingresos medios, agravando la desigualdad y limitando el bienestar y el desarrollo personal de quienes la padecen.
Con estas actuaciones, el Defensor del Pueblo busca obtener una radiografía precisa del panorama de la vivienda en España, y evaluar si las políticas públicas están cumpliendo con su función de garantizar un acceso justo y equitativo a este derecho básico.
