El juez Miguel Ángel García aborda la problemática de estos procedimientos en la fase de instrucción
El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla acogió durante la tarde de ayer una jornada centrada en analizar la problemática actual en la tramitación de los juicios rápidos. El evento estuvo coordinado por el magistrado del Juzgado de Menores, Álvaro Salvador. Entre otros ponentes, el acto contó con el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla, Miguel Ángel García. Como manifestó en declaraciones a El Faro, una de las trabas que se cruzan en la fase de instrucción es la falta de peritos: “Podemos tener al denunciante, al denunciado y los testigos, pero nos encontramos con que nos faltan periciales, como análisis en los casos de droga”.
Los juicios rápidos tienen la particularidad de que su investigación se realiza en una misma mañana o en una semana. Necesariamente, las citaciones a las partes implicadas se llevan a cabo de una forma “más informal”, recurriendo a la colaboración de la Policía, “que en estos casos ejerce una labor fundamental”, o directamente a través de llamadas telefónicas. “Son juicios a los que se les da prioridad por el hecho de que el juez ha conseguido tener localizadas a todas las partes”, señaló García.
Los tipos de delito que más se tramitan por esta vía en nuestra ciudad son aquellos de robo con violencia, hurto, contra la seguridad vial o contra la salud pública, según afirmó el encargado del Juzgado de Instrucción número 5.
Las conformidades
Como expuso, en la celebración de los juicios rápidos, la conformidad del acusado “es esencial”. Si el encausado reconoce los hechos por los que ha sido denunciado, se le rebaja la pena solicitada en una tercera parte.
En el caso de que el denunciado no se conforme pero todas las partes hayan sido localizadas y citadas, el juicio llegará a los Juzgados de lo Penal en un plazo estimado de una semana. “En unos quince días, a lo sumo, puede estar solventado”, agregó García.
Forzar la ley
El magistrado aclaró que el volumen de juicios rápidos depende en buena parte de la voluntad del juez para “forzar un poco la ley” y, a través de llamadas telefónicas”, tratar de localizar a todos los implicados. Aseguró que los jueces están interesados en tramitar por esta vía el mayor número de procedimientos posibles: “Cuanto más se acorten los plazos, todo es mucho más fácil”.
No obstante, una de las circunstancias que dificultan en ocasiones que determinados procedimientos se juzguen por la vía rápida es la falta de coordinación, “porque hay varias instituciones implicadas”, como apuntó el magistrado.
Al parecer del juez, esta situación es consecuencia directa de que la falta de protocolos para que los juzgados de instrucción, la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén perfectamente organizados, lo que repercute en el ritmo de la justicia.
