Las principales aerolíneas que operan en España están al límite de su paciencia. La ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2022 ha provocado un agujero económico en las cuentas públicas que impacta de lleno sobre el sector aéreo. En total, el Gobierno adeuda a las compañías unos 700 millones de euros por los reembolsos correspondientes al descuento del 75% para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Esta cifra, que se ha duplicado respecto a la estimada a mediados de año, cuando las aerolíneas ya exigían el pago de 300 millones, ha empujado a algunas de estas empresas a estudiar seriamente la posibilidad de reclamar intereses por demora al Ejecutivo, según adelantó Vozpópuli. De momento, las medidas se mantienen en fase de análisis, pero el tono se endurece y ya no se descarta una ofensiva legal o administrativa contra la Administración.
El problema reside en un mecanismo que, en teoría, beneficia a los ciudadanos: el descuento del 75% para residentes extrapeninsulares en vuelos nacionales. Sin embargo, el sistema obliga a las aerolíneas a adelantar esa cantidad al pasajero y reclamar después el reembolso al Estado. Una devolución que, en muchos casos, no se ha producido desde hace más de un año, generando un desfase de tesorería importante para las compañías.
“La situación es insostenible”, señalan fuentes del sector citadas por Vozpópuli. “El Gobierno se ha comprometido reiteradamente a normalizar los pagos, pero seguimos sin ver resultados”. La acumulación de impagos amenaza con afectar la viabilidad operativa, especialmente en rutas menos rentables como las que conectan con Melilla o con islas menores.
Desde Aena, el gestor aeroportuario, también se ha trasladado al Ministerio de Transportes la preocupación por el impacto que estos retrasos podrían tener sobre la programación de vuelos y la conectividad de estos territorios. La incertidumbre financiera podría provocar recortes de frecuencias, cambios de horarios o reajustes en la oferta de plazas, con efectos directos sobre los residentes, que ya dependen en gran medida del transporte aéreo como vía principal de conexión.
La falta de presupuestos es el elemento central de esta crisis. Con las cuentas prorrogadas desde hace casi tres años, el margen de actuación del Ministerio de Transportes es limitado y la aprobación de nuevas partidas para estos pagos se ha visto bloqueada por la parálisis política. Mientras tanto, las aerolíneas continúan acumulando deuda que no han generado y el retraso pone en entredicho el compromiso del Estado con los territorios no peninsulares.
Este medio ya informó en septiembre que el sector exigía el pago urgente de los más de 300 millones que entonces se les adeudaban. La situación, lejos de mejorar, se ha agravado hasta el punto de poner sobre la mesa una reclamación por daños y perjuicios, con base en los intereses legales por demora que el Ejecutivo estaría obligado a pagar si se demuestra negligencia en el cumplimiento de los plazos.
La incertidumbre también ha generado malestar en el entorno empresarial del sector turístico, que teme que la situación derive en una menor oferta de vuelos, sobre todo en los meses de menor demanda. En ciudades como Melilla, donde la conectividad depende exclusivamente del transporte aéreo, la reducción de rutas supondría un aislamiento efectivo que agravaría las diferencias con el resto del territorio nacional.
Por el momento, Transportes guarda silencio, y las aerolíneas mantienen abiertas varias vías: desde la negociación directa hasta la denuncia formal ante los tribunales o instancias europeas. Mientras tanto, la conectividad de Melilla, Ceuta, Canarias y Baleares se convierte en rehén de una parálisis presupuestaria que nadie se atreve a resolver.
