La falta de información sobre los trámites de solicitud de asilo y el desconocimiento de sus derechos y deberes son dos de los aspectos que más afectan a los extranjeros residentes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, hasta el punto de ser causa de situaciones de ansiedad y estrés.
Así lo aseguró a El Faro la responsable de Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes, Cristina Manzanedo, para quien las circunstancias descritas “generan mucha incertidumbre en los residentes y dificulta también la convivencia”. “Tener a la gente sin información genera muchísima angustia, sufrimiento adicional innecesario y desconfianza hacia España”, añadió.
De ahí que considere “imprescindible y fundamental” que los solicitantes de asilo tengan acceso efectivo a información individualizada sobre sus trámites siempre que lo requieran”. Régimen de traslados
También sería positivo, señaló, que hubiera un régimen de traslados a la península, ya que ahora ignoran cuándo saldrán de Melilla. “Debe comunicárseles cuáles son los criterios y tiempos de espera”, insistió.
De hecho, el grupo de refugiados sirios que se encuentra en huelga de hambre desde hace una semana ha tomado esta decisión debido a que desconocen cuándo saldrán de Melilla.
Manzanedo señaló que el derecho a la información en el CETI no está garantizado debido a “la saturación del centro y los escasos recursos disponibles” para tener al tanto a los refugiados del estado de sus trámites y asesorarlos.
En este sentido, explicó que todos los solicitantes de asilo deben ser informados de forma clara y comprensible sobre el procedimiento y sobre las condiciones de acogida en España, con atención a dudas y preguntas particulares.
Esta demanda sería también extensiva a los residentes no solicitantes de asilo.
En opinión de Manzanedo, estas situaciones se producen debido a la ausencia de regulación en el CETI. “Carece de normativa clara que regule su funcionamiento interno” y por ello los extranjeros “desconocen cuáles son sus derechos y deberes, que no figuran por escrito en ningún sitio”.
“Tampoco existe”, amplió, “un procedimiento sancionador por el que estas personas puedan conocer cuáles son las posibles infracciones y sus correspondientes sanciones”.
Del mismo modo, denunció, “no tienen garantizada su posibilidad de defensa en caso de que el CETI resuelva imponerles una sanción”. “Un CETI adecuado debería de tener una normativa que lo regule”, reclamó.Sanciones
En este sentido se refirió a los grupos de refugiados que de vez en cuando se ven obligados a deambular por la ciudad, ya que no pueden entrar en el CETI, según explicó, porque una de las sanciones “habituales” es “la expulsión del centro durante un número determinado de noches sin dar ninguna alternativa de alojamiento, lo que hace que se queden en la calle, sin medios, en una ciudad desconocida para ellos”.
Calificó este tipo de sanción como desproporcionada y más aún teniendo en cuenta que se trata de personas en situación de vulnerabilidad”.
Manzanedo lamentó que estas expulsiones “se deban a la falta de alternativas de acogida y a la falta de garantías en las sanciones”. “No existe un procedimiento sancionador por el que se pueda dar al extranjero la oportunidad de defenderse por la presunta infracción que se haya podido cometer”, aseveró.Inadecuado
Por todo ello, Manzanedo asegró que el CETI es “totalmente inadecuado para periodos largos de estancia y muchos de sus residentes llevan más de cuatro meses, o incluso algunos han llegado a estar más de un año”.
“Debería ser un centro que sirviese únicamente para el registro rápido de las solicitudes de asilo, respetándose la libertad de circulación por todo el territorio español que tienen los solicitantes de asilo”, finalizó.
