Las actuaciones no se han podido llevar a cabo ante la oposición de algunos de los ususarios, que imposibilitaron a los arquitectos comenzar los trabajos de mejora.
La falta de acuerdo parece estar en la base del conflicto entre la Ciudad Autónoma y algunos usuarios de la mezquita del Buen Acuerdo que ha impedido hasta el momento el comienzo de una intevención urgente en el inmueble debido al mal estado de conservación en el que se encuentra, según fuentes consultadas.
En este sentido, desde un principio fue imposible comenzar las obras debido a que un grupo de personas se encerró en el inmueble, haciendo imposible cualquier tipo de actuación. De hecho, llegaron a ocupar algunos locales anexos al edificio llegando incluso a hacer obras sin autorización. Según parece, estas personas impidieron a los técnicos y arquitéctos del proyecto entrar en el edificio, debiendo estos paralizar cualquier tipo de actuación.
Esta circunstancia ha retrasado el proyecto de intervención en esta mezquita, una obra que desde un inicio se comprometió a llevar a cabo la Ciudad Autónoma pues eran evidentes los riesgos de derrumbe en el interior, según los informes que en su día elaboraron los técnicos de la Consejería de Fomento. En estos momentos, y en vista de la situación, hay abierto un expediente en Fomento y en su momento se actuará para restablecer la situación.
Pese a ello, son varios los meses que lleva paralizada la intervención, pues la adjudicación de la obra se hizo en el mes de abril de este año, sin que se haya podido acometer la actuación en el interior del edificio.
Una mezquita polémica
La mezquita del Buen Acuerdo se vio rodeada de polémica desde el instante en que su junta de gobierno decidió reunirse con el Ejecutivo local para buscar una solución debido al peligro de derrumbe que existía. Tras ello, se enviaron a los técnicos de Fomento para hacer una evaluación de la situación y se llegó a la conclusión de que la intervención debía realizarse lo antes posible.
La polémica surgió en el momento en que trascendió que la propiedad del edificio es del Ministerio de Asuntos Religiosos de Marruecos, con lo cual desde la oposición se exigió al Gobierno local que no utilizara el dinero de los melillenses para arreglar un edificio marroquí.
Por su parte, desde la Comisión Islámica (CIM) se acusó al Ejecutivo de querer dar directamente el dinero de la obra a la junta de gobierno de la mezquita, una forma de dividir a los musulmanes de Melilla, a lo que no era ajeno el hecho de que la precampaña electoral había enrarecido el ambiente entre la CIM y la Ciudad, con acusaciones de supuesta compra de votos.
Pese a ello, la obra se adjudicó finalmente por 232.000 euros sin que de momento y por las razones aludidas se haya podido intervenir en el inmueble, una situación que vivirá nuevos capítulos en el futuro.
Pese a ello, desde el Gobierno local se afirmó que ese dinero que iba a invertirse en la actuación se recuperaría posteriormente, pues según parece, Marruecos estaba dispuesto a devolverlo.
