Ayer supimos que la Delegación del Gobierno en Melilla estudiará la situación de los 160 niños que permanecen sin escolarizar en la ciudad. El anuncio coincidió con la visita del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marguán, que había sido muy crítico con la situación de los menores y advertía de que la condición en la que se encontraban los jóvenes vulneraba derechos fundamentales.
Ahora falta ver como se gestiona la normalización académica de los niños, parece que se va a estudiar caso por caso, y ver como se da respuesta a una circunstancia que no era asumible por un país que presume de contar con uno de los estados de bienestar más avanzados.
No parecía lógico que más de 100 chavales, que querían ir a la escuela, estuvieran marginados de nuestro sistema educativo. Hay que recordar que en España la escolarización no solo es un derecho si no una obligación de los padres, por eso es difícil entender como es posible que estos menores permanecieran sin recibir la más básica de las educaciones.
Lo mínimo que podemos exigir a la Administración es que no ponga trabas a la hora de facilitar el acceso de nuestros jóvenes a las escuelas. Si un requerimiento de carácter casi meramente burocrático, como es estar empadronado, expulsa de los colegios a algún niño es que algo estamos haciendo mal.
Como sociedad debemos estar concienciados de que la Educación es la herramienta más poderosa con la que contamos para que el futuro sea, al menos, un poco mejor que el que nos toca vivir a cada generación. En caso contrario estamos avocando a estos menores a un destino realmente oscuro. Esperemos que la situación de estos 160 niños no se repita.
