La propuesta del Gobierno para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin merma salarial ha quedado desactivada tras el rechazo del Congreso, en una votación decisiva el pasado 10 de septiembre. Con el voto en contra de PP, Vox y Junts (este último clave para la derrota), la medida impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se estrella contra un muro de oposición que incluye también a la patronal empresarial.
La CEOE y CEPYME celebraron el rechazo con un comunicado donde manifiestan su “agradecimiento” a los grupos parlamentarios que frenaron un proyecto que, a su juicio, se imponía “sin resultados en el diálogo social” y habría tenido un “grave impacto negativo sobre la economía, el empleo y también sobre los consumidores”.
La patronal alerta de que imponer por ley esta reducción, sin tener en cuenta las realidades organizativas de pymes y autónomos, supondría costes añadidos, menor productividad, pérdida de competitividad y un deterioro en la calidad de los servicios. Todo ello, aseguran, en un momento en el que muchas empresas ya enfrentan dificultades para cubrir vacantes. Por ello, reiteran que cualquier mejora laboral debe discutirse en el marco de la negociación colectiva, no desde una legislación “unilateral”.
“Es ideología y ficción”
Durante el debate parlamentario de este pasado miércoles, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, acusó al Gobierno de legislar desde la ideología y sin diálogo. “Es un proyecto invadido de ideología, que nace sin diálogo, ignora la realidad del tejido productivo y supone un duro golpe al mismo”, afirmó. Bravo fue más allá y calificó la propuesta como “ficción, mentira”, argumentando que la consecuencia sería una presión a la baja sobre los salarios en futuras negociaciones.
El diputado del PP también ironizó con el enfoque del Ejecutivo: “No se puede adelgazar para entrar en una talla menos, hay que adelgazar primero. No se trabaja menos para ser más productivos, se es más productivo y, luego, se trabaja menos”, explicó, reclamando un enfoque basado en la innovación, formación, digitalización y competitividad como vía para reducir la jornada, en vez de imponerlo por decreto.
Bravo también recordó que la jornada media actual, según la EPA, ya ronda las 37,7 horas, y los convenios colectivos marcan una media de 38,3, lo que, en su opinión, demuestra que la reducción ya se está produciendo por la vía del diálogo. Denunció además que el Gobierno ignoró recomendaciones de su propio informe técnico, que pedía un periodo de transición razonable, sectorialización, flexibilidad y compensaciones para los sectores más afectados.
El proyecto, anunciado como medida estrella del Ministerio de Trabajo, formaba parte del acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos UGT y CCOO. Sin embargo, nunca llegó a contar con el respaldo de las organizaciones empresariales. Para CEOE, que ya lo rechazó cuando fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado mayo, la norma suponía una alteración unilateral del marco laboral acordado durante más de 40 años de diálogo social en España.
Desde el entorno empresarial también se percibe este intento legislativo como una maniobra de capitalización política por parte de Yolanda Díaz, más enfocada en el titular que en una medida aplicable a la realidad del país. Esta percepción ha calado especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, que suponen el 99,8% del tejido empresarial, y que han sido las más críticas con la propuesta.
El Ministerio de Trabajo ya ha anunciado que no renuncia a la reforma y que la reintroducirá en el Congreso con nuevos ajustes. Sin embargo, sin el respaldo de Junts ni el acercamiento a la CEOE, todo indica que la medida volverá a estancarse.
Mientras tanto, el empresariado, que teme por la pérdida de competitividad en sectores clave, insiste en volver al terreno del diálogo real y efectivo. La CEOE llama a “reactivar la negociación colectiva” y cerrar la puerta a lo que considera un “ruido mediático” que no aporta soluciones sino incertidumbre.
