La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, comparecerá esta mañana, a partir de las 10.30 horas, en rueda de prensa y se espera que en ese momento se dé a conocer el número de menores migrantes que la Ciudad Autónoma se verá obligada a acoger en las próximas semanas, cuando se haga efectivo el reparto de los menas por los distintos territorios de España con el fin de aliviar la presión que existe actualmente en lugares como Canarias y Ceuta. Se estima que, en principio, serían 34 los jóvenes que Melilla debe tutelar y alojar en el centro de La Purísima, algo que se cumpliría "por imperativo legal", según aseguró ayer el presidente, Juan José Imbroda.
Actualmente son noventa los menores migrantes que están acogidos en las instalaciones de la Ciudad Autónoma. A ellos habría que sumar esos 34 más, pero aún no se tiene noticia alguna con respecto a cuánto será el dinero que Melilla recibirá para poder mantener ese incremento de personas bajo su cargo. De eso se entiende que también tendrá que hablar hoy la delegada del Gobierno, que ayer mismo participó en una reunión telemática que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mantuvo con todos los titulares de las delegaciones en las comunidades y ciudades autónomas.
Ni se sabe el número exacto de menores ni tampoco si, al final, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pondrá sobre la mesa la financiación que reclaman los territorios. Con ninguno de ellos existe un acuerdo, a excepción de Cataluña, que solo recibirá 27 menas, tal y como pactó Pedro Sánchez con Junts hace unos días, lo cual pone de manifiesto el muy diferente tratamiento que el Gobierno va a dar a esta distribución, que queda recogida en un Real Decreto que modifica la Ley de Extranjería en vigor y que ya varias comunidades han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
Por cierto que resulta curioso que el ministro Torres haya pedido que no se cuestione la constitucionalidad del texto, una potestad que poseen los gobiernos autonómicos y que están en su derecho de utilizar si consideran que la norma va contra lo establecido en la Carta Magna, ésa que fija, precisamente, las reglas del juego democrático en España.
