Ambas instituciones declinaron ayer pronunciarse sobre la decisión de juez de Instrucción nº5 sobre la devolución de 21 inmigrantes ‘kamikazes’ en febrero de 2013.
Desde la Delegación del Gobierno y la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla optaron ayer por no hacer declaraciones a El Faro sobre la decisión del juez de Instrucción número 5 que cita al coronel Ambrosio Martín Villaseñor y al segundo jefe, el comandante Arturo Ortega Navas, como ya adelantó ayer este diario. Ambos están citados a declarar el próximo día 30 de septiembre por la devolución de 21 inmigrantes que accedieron a la ciudad a través de los pasos fronterizos de Beni Enzar y Farhana en coches ‘kamikazes’. Martín Villaseñor se presentará ante el juez en calidad de testigo, perdiendo de manera “provisional”, como apunta la resolución judicial, la imputación que en un principio recaía sobre el coronel de la Benemérita. En cambio, el comandante Ortega Navas sí comparecerá en calidad de imputado, tras la petición realizada por los querellantes.
La querella fue interpuesta el pasado mes de diciembre por la representación letrada de Coalición por Melilla (CpM), la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH). El 25 de febrero el primero en declarar en el Juzgado de Instrucción número 5 fue el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, en calidad de imputado. Los querellantes sostienen que en la devolución de los 15 inmigrantes a Marruecos en febrero de 2013 las autoridades pudieron incurrir en un delito de prevaricación y en otro contra los derechos individuales.
El Barkani declaró, pues, en calidad de imputado asistido del abogado del Estado. Se negó a responder las preguntas de los abogados de los querellantes, mientras, en cambio, sí respondió a las cuestiones planteadas por el letrado del Estado, la Fiscalía y el propio juez.
La ‘excusa’ de Martín Villaseñor
El mismo día que estaba citado el delegado del Gobierno también estaba llamado el coronel de la Guardia Civil. Sin embargo, días antes había presentado un escrito solicitando la suspensión de la declaración y una aclaración de su imputación.
Tal y como recoge la resolución judicial, de la que ayer dio cuenta ampliamente El Faro, el juez considera las alegaciones presentadas por Martín Villaseñor, y de forma “provisional” cambia la imputación por la declaración en calidad de testigo. El principal argumento del coronel de la Benemérita fue que durante los sucesos él no estaba en la ciudad. Al frente de la Comandancia estaba el comandante Arturo Ortega Navas cuando se produjeron las entradas a toda velocidad de los coches con los inmigrantes a bordo y su posterior devolución.
La llamada a comparecer de Martín Villaseñor fue suspendida, pero los querellantes ampliaron la imputación al segundo jefe de la Comandancia en aras de aclarar cómo se produjeron las devoluciones de los 21 inmigrantes ‘kamikazes’ el año pasado.
Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 5, Miguel Ángel García Gutiérrez, llama a declarar el próximo 30 de septiembre a dos guardia civiles más en calidad de testigos, pues supuestamente fueron los encargados de la identificación de los subsaharianos y su entrega a las autoridades marroquíes.
La parte querellante considera que las condiciones de estas devoluciones no se ajustaron a los requisitos recogidos en la Ley de Extranjería. Por ello, imputaron en un principio al delegado del Gobierno y al coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla al considerar que incurrieron en un delito de prevaricación y otro contra los derechos individuales. En febrero de este año, extendieron la imputación al comandante Ortega Navas, después de que el coronel Martín Villaseñor afirmara que durante los sucesos denunciados no era él el que estaba al frente de la Comandancia del Instituto Armado.
La muerte de 15 inmigrantes en Ceuta, ajeno al traslado del jefe de la Guardia Civil
El delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, aseguró ayer que el traslado a Andalucía del teniente coronel jefe de la Guardia Civil de Ceuta, Andrés López García, no tiene “nada que ver” con los sucesos del 6 de febrero donde murieron 15 inmigrantes subsaharianos en un asalto masivo.
En declaraciones a los periodistas, González se refirió al traslado temporal realizado a mediados de agosto en comisión de servicio de Andrés López a la Jefatura de Zona de Andalucía, ubicada en Sevilla.
El delegado del Gobierno ceutí explicó que antes de que ocurriera la tragedia “ya se había decidido modificar la relación de puestos de trabajo de la Comandancia de Ceuta y que la misma iba a ser mandada por un coronel”.
Por este motivo, el responsable gubernamental afirmó que, “si hubiera sido un cese, se habría realizado en los días inmediatamente posteriores” al 6 de febrero. Al tratarse de una comisión de servicio (en la Guardia Civil tienen una duración máxima de un año), su plaza continuará siendo la de Ceuta hasta que no solicite otro destino.
López García era jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta el pasado mes de febrero, cuando fallecieron 15 inmigrantes ahogados al tratar de alcanzar la costa española, tras una actuación de la Guardia Civil que fue cuestionada.
Una semana después de la tragedia, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció que la Guardia Civil utilizó pelotas de goma, botes de humo y cartuchos de fogueo para disuadir a los inmigrantes, aunque de forma proporcionada, los “estrictamente imprescindibles”, con carácter “disuasorio”.
Poco después, la Dirección General de la Guardia Civil emitió una instrucción verbal para prohibir a los agentes el uso de pelotas de goma.
