Fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno han asegurado que, tal y como se dijo en su momento, la bonificación a la Seguridad Social volverá al sistema de la financiación del 50% de la cuota patronal, tal y como se venía ejecutando en Melilla desde el año 2004 y hasta el primero de septiembre de 2023. De este modo se han querido dejar claro que no ha habido ningún cambio en la decisión adoptada por el Gobierno de España con respecto a este asunto, a pesar de las manifestaciones recientes de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, quien no sólo apoyó que se mantuviera el método actual sino que, además, indicó que era una buena manera de obligar a la formación de los trabajadores y a que los empresarios cumplieran con sus cuestiones tributarias. La Delegación ha querido también aclarar que la ministra Saiz no es la responsable de la modificación del sistema de bonificación a pesar de que lidere la cartera de Seguridad Social. Según esas fuentes oficiales, la competencia es del Ministerio de Trabajo y Economía Social que encabeza Yolanda Díaz, vicepresidenta del Ejecutivo y máxima responsable del partido Sumar, que surgió de una escisión de Podemos. Precisamente este partido fue el que modificó el sistema tradicional del 50% dentro de un Real Decreto que acababa con la porcentualidad para centrarse en cantidades lineales que favorecieran el empleo en la línea de la reforma laboral que ellos mismos habían conseguido sacar adelante con el apoyo del PSOE. O sea, habrá que confiar en que la responable máxima de Sumar, autora del nuevo sistema de incentivo al empleo y responsable de que se acabara con los porcentajes en favor de una cantidad fija, quiera volver a la bonificación mediante ese 50% de la cuota a la Seguridad Social. Quizás por eso la Delegación del Gobierno no sabe a estas alturas ni cuál va a ser el envoltorio legal que tendrá la decisión (Real Decreto, proyecto de ley...) ni el momento en que se hará efectiva la vuelta a lo anterior. Se insiste en que solo se saben dos cosas: se aplicará exclusivamente a los contratos indefinidos y a aquéllos que vayan a sustituir una baja médica. El problema está en que Melilla no puede esperar eternamente a ver cuándo se toma una decisión que afecta de lleno a su régimen económico especial, uno de los pocos mecanismos que tiene la ciudad para atraer inversores y crear puestos de trabajo. Y también está el asunto de Sumar, que a la vista de la posición adoptada en 2023 con respecto a los incentivos al empleo, no parece muy del gusto de conceder porcentajes sobre las cuotas patronales. Un tercer punto que tampoco llama al optimismo es la escasa fiabilidad y credibilidad que tiene el Gobierno de España. ¿Por qué habríamos de confiar en que va a cumplir con el compromiso de volver al sistema anterior? Esto sería un poco como lo que le ha sucedido a los médicos, que hace un año el Ministerio calificó su actividad como de "difícil desempeño" en el ámbito de Melilla y todavía están esperando que eso se traduzca en mejoras que alivie tanto su situación laboral como la presión asistencial que soportan.