El proyecto Melilla Green City de Endesa y Enagás contemplaba una inversión de 80 millones de euros para convertir tres motores de diésel a gas natural, desarrollar infraestructura de GNL y crear 170 puestos de trabajo cualificados. La exclusión del PERTE significa que estos empleos técnicos especializados no se materializarán en un territorio donde el 78% del empleo depende del sector público.
-Mientras España debate 25 millones del PERTE para Melilla, Marruecos invierte 6.000 millones de dólares en Nador West Med para terminal GNL operativa en 2027, sin trabas burocráticas ni exclusiones administrativas-
La central eléctrica de Melilla emite anualmente 180.000 toneladas de CO₂ quemando diésel y fuel-oil en pleno centro urbano. El proyecto de modernización reduciría estas emisiones en 72.000 toneladas anuales por una inversión pública de apenas 25 millones de euros, uno de los ratios más eficientes de todo el programa PERTE.
Los 2.300 millones del PERTE se han repartido entre 73 proyectos aprobados en la península, incluyendo cementeras, siderúrgicas y empresas químicas. La comparativa de eficiencia resulta reveladora:
- Cementera en Toledo: 45 millones para reducir 85.000 toneladas CO₂/año
- Siderúrgica en Gijón: 67 millones para reducir 120.000 toneladas CO₂/año
- Melilla (excluida): 25 millones solicitados para reducir 72.000 toneladas CO₂/año
El coste por tonelada de CO₂ evitada en Melilla sería de 347 euros, frente a los 529 euros de la cementera toledana o los 558 euros de la siderúrgica asturiana. Sin embargo, el diseño del PERTE excluye a las empresas eléctricas por considerar que operan en "monopolio territorial con ingresos regulados".
La exclusión de Melilla responde al temor del Gobierno central de crear un precedente que obligue a financiar la modernización energética de Canarias, Baleares y Ceuta. Un cálculo conservador estima que incluir todas las centrales de territorios extrapeninsulares requeriría 400 millones adicionales, apenas el 17% del fondo total.
Esta cifra podría generar la mayor reducción de emisiones per cápita de toda España. Canarias emite 7,8 toneladas de CO₂ per cápita frente a 5,2 de la media nacional, precisamente por su dependencia de centrales térmicas obsoletas. La lógica burocrática prima sobre la eficiencia ambiental.
Comparativa europea: la excepción española
La gestión española de los territorios extrapeninsulares contrasta con las políticas de otros países europeos. Francia incluye específicamente a sus territorios de ultramar en todos los fondos de transición energética, mientras Portugal prioriza Azores y Madeira en sus programas de descarbonización.
Fondos europeos para territorios remotos (2021-2027):
- Córcega: 78 millones para renovables
- Azores: 45 millones para transición energética insular
- Canarias: 12 millones del PERTE (solo industria no energética)
- Melilla: 0 euros para descarbonización energética
Las alternativas complejas de Endesa
Ante el bloqueo del PERTE, Endesa solicita vías alternativas que también encuentran obstáculos. La empresa pidió una concesión de 10.300 metros cuadrados en el puerto para construir una regasificadora con capacidad de 5.000 m³ de GNL, conectada por gasoducto dedicado a la central eléctrica.
Sin embargo, este proyecto lleva paralizado desde febrero 2025 por la falta de acuerdo entre Endesa y el Gobierno central sobre quién asume el coste del cambio de fuel a gas natural. Mientras tanto, la Autoridad Portuaria mantiene "hipotecados" esos 10.000 metros cuadrados sin cobrar ni poder adjudicarlos a otros interesados.
Manuel Ángel Quevedo, presidente de la Autoridad Portuaria, urge a ambas partes a alcanzar un acuerdo y exige que el Gobierno informe sobre "los obstáculos que impiden cerrar el acuerdo". Además, la ejecución del proyecto depende de una subasta de modernización de capacidad en sistemas extrapeninsulares que permanece pendiente del Ministerio de Transición Ecológica.
La exclusión del PERTE genera efectos multiplicadores negativos que trascienden la inversión inicial. Cada euro de ayuda PERTE genera 1,8 euros de inversión privada adicional, lo que en Melilla significaría 144 millones de actividad económica total.
Escenarios 2030: con PERTE vs sin PERTE
Con acceso al PERTE: Reducción del 40% de emisiones, 170 empleos directos, atracción de 15 empresas auxiliares, retención del 60% de ingenieros especializados, posicionamiento como referente en transición energética insular.
Sin acceso al PERTE: Continuidad del modelo fósil hasta 2054, pérdida de competitividad, emigración de talento técnico, consolidación como territorio energéticamente periférico.
El ultimátum de febrero 2026
El PERTE tiene convocatorias hasta 2026, pero modificar sus bases para incluir empresas eléctricas requiere voluntad política inexistente. La próxima convocatoria es en febrero de 2026. Sin cambios normativos antes de diciembre de 2025, Melilla deberá esperar al siguiente programa europeo que empieza en 2028.
La exclusión de Melilla del PERTE revela una contradicción en la política energética española: mientras se proclaman objetivos de neutralidad climática, los instrumentos de financiación perpetúan desigualdades territoriales.
Los melillenses enfrentan la paradoja de necesitar más la descarbonización pero poder acceder menos a los fondos para conseguirla. Una discriminación territorial que se paga con emisiones de CO₂, oportunidades laborales perdidas y la consolidación de un modelo energético insostenible.
La transición energética justa que España predica excluye sistemáticamente a quienes más la necesitan.
