La Delegación del Gobierno ha asegurado que no debe cantidades algunas a los trabajadores de los planes de empleo y que no se ha incumplido la norma de la igualdad que establece la Constitución, según había denunciado el sindicato CGT. Fuentes oficiales del organismo público han dejado claro que ninguno de los empleados contratados por la Delegación está afectado porque fueron contratados fuera de convenio y así se dejó constancia por escrito en el documento que acredita la relación laboral.
Asimismo, las fuentes señaladas indican que las retribuciones se les paga tal y como establecen las normas y que estos trabajadores cotizan exactamente por las horas que trabajan. En definitiva, afirman que no hay un solo empleado afectado por lo que denuncia la organización sindical.
Ésta está llevando a cabo un proceso de recogida de firmas entre las personas que han podido resultar perjudicadas y que, según calcula, podrían estar entre los 3.000 y 5.000 trabajadores. Entre ellos, la CGT sí cita a “400 o 500” que formarían parte de los planes de empleo de la Delegación del Gobierno.
La CGT deja claro, sin embargo, que el grueso de los afectados trabajaron para los planes de la Ciudad Autónoma. Uno de los problemas, según señala, es que estas personas siguieron haciendo 37,5 horas semanales cuando el convenio ya registraba que solo fueran 35 y, sin embargo, no se les pagó el horario de más, entre otras cuestiones.
Además, la diputada de CpM, Dunia Almansouri, responsable en los últimos cuatro años de los planes de empleo, ha pedido al actual Gobierno que haga frente a las responsabilidades exigidas por esos trabajadores. Aludía así a una sentencia judicial que ya existe en Ceuta y que obliga a la Ciudad Autónoma ha indemnizar a esos ciudadanos por no haberse respetado la normativa.
El Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado en nombre de la Delegación del Gobierno en Ceuta contra las sentencias en contra que ya había recibido hasta ahora de instancias inferiores como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por los sueldos que pagó durante años a los beneficiarios de los Planes de Empleo que gestionaba, que tendrían que haber sido sensiblemente superiores, como judicializó CGT.
