La última resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU obliga al Estado español a tomar medidas para evitar más casos de torturas y afirma que la extradición del belga fue ilegal.
El abogado defensor de Ali Aarrás, Nayim Mohamed dijo ayer confiar en que España acate el último dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que obliga al Estado español a indemnizar a su cliente por las torturas sufridas en Marruecos. Aarrás, de nacionalidad belga aunque nacido en Melilla, fue extraditado a Marruecos en diciembre de 2010, donde cumple condena por un delito de colaboración con el terrorismo. Además de dar por hecho que el ciudadano belga ha sufrido torturas en el país vecino, el Comité de Naciones Unidas insta a España a tomar medidas para evitar que en el futuro se produzcan más casos de lo que fue, según sus criterios, una extradición ilegal. El letrado melillense dijo estar satisfecho con la resolución pues asume la mayor parte de los argumentos que expuso ante este organismo internacional.
Mohamed afirmó que la resolución de la ONU es “un varapalo que debe sonrojar a España”, pues en el dictamen que emitió el Comité de Derechos Humanos el pasado 28 de agosto afirma que el Estado español incumplió varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que rubricó hace más de 50 años.
“Se saltaron los pactos y los tratados internacionales a la torera”, aseveró Mohamed y reiteró su “satisfacción” ante la decisión de la ONU que pone de relieve la “situación anómala” que se produjo en el caso de Ali Aarrás.
El abogado melillense afirmó que está “convencido” de que España indemnizará a su cliente, puesto que “la cantidad que sea no la pagará el Gobierno que le extraditó, sino que el dinero saldrá de todos los españoles”. Sin embargo, Mohamed no se mostró tan optimista sobre la resolución que la ONU emitió hace más de seis meses instando a Marruecos a poner en libertad a Aarrás e indemnizarle igualmente por los daños y perjuicios morales y físicos sufridos en su cautiverio. “Marruecos es un país ambivalente”, consideró, pues hace más de seis meses que se emitió la orden de puesta en libertad y aún no se ha ejecutado.
Abuso de autoridad
La resolución del Comité de los Derechos Humanos considera que la extradición de Aarrás en diciembre de 2010 fue ilegal. Además, España incumplió la orden de la ONU de paralizar la entrega a Marruecos del ciudadano belga, mientras analizaba la denuncia interpuesta.
Además, el abogado melillense considera que ahora sí tiene sobre la mesa contenido suficiente para interponer una denuncia contra el que fuera entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por “un delito de extralimitación de funciones y abuso de autoridad”.
180 días de plazo
El abogado defensor de Ali Aarrás destacó que la ONU da a España un plazo de 180 días para “tomar medidas de cooperación posibles con las autoridades marroquíes para asegurar un monitoreo (investigación) efectivo del trato del autor (Aarrás) en Marruecos” y “adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”.
La ONU considera que España “no evaluó adecuadamente el riesgo al que sería expuesto Aarrás de ser extraditado a Marruecos y que era razonable prever que su extradición lo pondría en una situación especialmente vulnerable y bajo riesgo de ser torturado, como de hecho ocurrió después”. Además, la ONU recuerda que los Estados “están obligados a no extraditar, deportar o expulsar a una persona de su territorio cuando hay razones de peso para creer que existe un riesgo real de provocar un daño irreparable”.
