La investigación judicial de la contratación pública del anterior Gobierno de Melilla en la pasada legislatura continúa bajo secreto de sumario, según ha confirmado el actual Ejecutivo, que ha recibido nuevos requerimientos del juzgado para bloquear pagos de la Ciudad Autónoma a diferentes empresas.
En rueda de prensa, el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha informado de que, desde su toma de posesión hace poco más de dos meses, ha recibido algún requerimiento judicial “bloqueando el pago a otro número de empresas, personas físicas y jurídicas, que pudieran tener operaciones pendientes de cobrar por la Ciudad Autónoma”.
Por lo tanto, “la operación sigue”, aunque el nuevo consejero de Hacienda dice desconocer los términos.
Por eso, ha dicho públicamente en su comparecencia que, si algún contratista cree que no se le está pagando desde la Administración melillense, “puede ser porque esté dentro del listado de empresas que la autoridad judicial envió a la Ciudad Autónoma en su día bloqueando la orden de pago de deudas”.
Conesa ha insistido en que la Ciudad Autónoma no tiene más información que ese listado de empresas, que fue entregado al anterior presidente de Melilla, Eduardo de Castro, por varios policías que acudieron al Palacio de la Asamblea el pasado 9 de junio, pocos días después de las elecciones municipales del 28 de mayo.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó el pasado 25 de mayo que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada asumiera la investigación sobre la supuesta trama de compra de votos en las elecciones a la Asamblea de Melilla del 28 de mayo.
De acuerdo con el decreto del fiscal general del Estado, las investigaciones de la Policía ponen de manifiesto “la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, que habría sido llevada a cabo “por varios individuos afines o relacionados con Coalición por Melilla” (CPM), el principal partido del Gobierno de Melilla en la pasada legislatura.
“La compra de votos se estaría financiando, además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas” con CPM “en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la Ciudad Autónoma”, agregó la Fiscalía General del Estado.
Los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho, además de delitos electorales de los arts. 141 y 146.1 a) de la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, “sin perjuicio de ulterior calificación”, de acuerdo con el atestado policial.
