Así respondieron los titulares de Medio Ambiente y Administraciones Públicas a las preguntas formuladas por PPL sobre la incoporación de empleos correspondientes a funcionarios.
De las cinco preguntas que formularon ayer el Grupo parlamentario de Populares en Libertad (PPL), únicamente dos fueron respondidas por los responsables de Medio Ambiente y Administraciones Públicas. El resto serán remitidas por escrito ante la ausencia del presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, en el Pleno de Control ,que excusó el portavoz popular, Daniel Conesa.
Una de las cuestiones de PPL versó sobre la contratación de cuatro limpiadores como personal laboral eventual a lo que el responsable del área, José Ángel Pérez Calabuig, respondió que esas contrataciones se debieron a “necesidades del servicio” por “falta de personal”.
El diputado Julio Liarte insistió en que esas contrataciones de Medio Ambiente contradicen la sentencia del TSJA de 26 de mayo de 2009 en la que dice, según explicó, que “un cargo de confianza, como es el personal laboral eventual, no puede ser un puesto de limpiadora”, por lo que, esas contrataciones, defendió, son “contrarias a derecho”.
Pérez Calabuig insistió en su respuesta, defendiendo la legalidad de las citadas contrataciones.
La segunda pregunta de PPL volvió a cuestionar la contratación de un asesor jurídico en la Administración local como personal laboral eventual y de confianza y que, nuevamente, contradice otra sentencia del TSJA de 2 de septiembre de 2004 en la que, según Liarte, se afirma que “un asesor jurídico no puede ser personal laboral de confianza”.
La consejera accidental de Administraciones Públicas, Mª Ángeles Gras, negó que se hubiera hecho contratación alguna de un asesor jurídico y espetó a Liarte que éste estaba “confundiendo la legislación del personal laboral con una normativa administrativa del personal eventual”.
El diputado de PPL insistió en que la Ciudad ya cuenta con asesores jurídicos, esto es, como funcionarios públicos, para dar un asesoramiento legal a la Administración local. A ello, Gras continuó su argumentación y explicó que tanto el presidente de la Ciudad como los integrantes del Gobierno local pueden “requerir en cuestiones especiales a un asesor jurídico” y que éste es “diferente del asesoramiento jurídico general de la Ciudad Autónoma”.
Respuestas por escrito
Las tres preguntas de PPL que serán contestadas por escrito, cuestionaba el desglose de los gastos de los conciertos, representaciones y actuaciones celebradas en el Teatro Kursaal desde su apertura. Otra también preguntaba sobre la copa de vino ofrecida tras el acto de proclamación del presidente Juan José Imbroda y una tercera pedía el desglose de las partidas dedicadas al capítulo de los Presupuestos Generales de la Ciudad que engloba los gastos en el área de protocolo, publicidad y propaganda, entre otros conceptos.
