El presidente del Gobierno melillense, Juan José Imbroda, ha acusado este viernes al Ministerio de Defensa de haber desatendido las peticiones formales que la Ciudad Autónoma ha realizado para legalizar la zona del Cerro de Palma Santa e insistió en que la culpa no es ni de la Ciudad ni del poder judicial, sino del Ejecutivo central, al que reprochó una falta absoluta de voluntad para buscar soluciones.
Imbroda también cargó con dureza contra la delegada del Gobierno, a quien reprochó desconocimiento de los hechos, falta de rigor y una actitud partidista. Según sus palabras, la representante del Ejecutivo de Sánchez ha preferido utilizar este problema como arma política contra el PP en lugar de asumir responsabilidades o haber llevado a cabo las gestiones necesarias para que Defensa tomara en consideración la propuesta de la Ciudad para la legalización de la zona.
En ese sentido, recordó que en 2022 la Consejería de Fomento remitió una solicitud al Ministerio de Defensa para regularizar la situación del Cerro de Palma Santa, zona en la que hay numerosas viviendas levantadas en suelo afectado por la Ley de Defensa Nacional. La respuesta, aseguró, fue negativa.
“Nos dijeron que no”, afirmó Imbroda, quien sostuvo que pese a ello, la Ciudad ha vuelto a dirigirse al Ministerio que dirige Margarita Robles para insistir en la necesidad de buscar una solución que impida el desalojo o derribo de viviendas con años de antigüedad y que han derivado un derecho adquirido.
Según explicó, se trata de una petición justa para regularizar lo ya construido y de evitar que se sigan levantando nuevas edificaciones fuera de ordenación, tal como ya se hizo en La Cañada. “Esto ya lo aplicamos en otra zona de la ciudad, donde se legalizó lo existente, pero se cerró el paso a nuevas construcciones. Lo mismo pedimos aquí”, declaró.
El presidente de la Ciudad se mostró especialmente molesto con las declaraciones realizadas por la delegada del Gobierno sobre este asunto. Criticó que confundiera la fecha de la sentencia que afecta a una familia de la zona, asegurando que era de 2016 cuando, en realidad, fue dictada el 7 de septiembre de 2023. Y lo hizo, entiende Imbroda, para poder culpar al PP. “Ni siquiera sabía cuándo era la sentencia. Ese es el rigor de esta señora”, reprochó.
A su juicio, la delegada ha hecho una utilización política de la situación, sin haberse informado adecuadamente y sin haber actuado cuando podía hacerlo. “En 2022 ya se pidió la regularización. Se dijo que no. ¿Qué hizo ella desde entonces? Nada”, lamentó.
Imbroda también respondió a la exigencia pública de la delegada para que se proporcione una solución habitacional a la familia afectada. En este sentido, afirmó que la Ciudad dispone de viviendas sociales a través de Emvismesa, pero recordó que para acceder a ellas no se puede tener otra propiedad. “¿Se ha preocupado esta señora en averiguar si esta familia tiene otra vivienda? ¿Sabe si cumple los requisitos?”, preguntó. “No se entera. Y lo grave no es que no se entere, sino que, aún así, hable y acuse a los demás. Eso es lo que no se puede permitir”, recalcó.
Imbroda insistió en que ni los jueces ni la Comandancia General tienen responsabilidad en este asunto. Según explicó, la Comandancia se limita a aplicar órdenes y ejecutar lo que el Ministerio de Defensa dicta. En cuanto a la autoridad judicial, subrayó que se ha limitado a aplicar una normativa estatal vigente desde 1933. “Los jueces no tienen la culpa. Aplican la ley. La culpa es de quienes tienen la capacidad de cambiar esa ley y no lo han hecho”, señaló.
Añadió que cerca del 40% del suelo de Melilla está afectado por las restricciones de la Ley de Defensa Nacional, lo que impide el crecimiento ordenado de la ciudad. Y acusó al Gobierno central de desentenderse de este problema estructural, pese a conocerlo desde hace años.
“El problema se conoce. En 2022 se pidió una solución. Dijeron que no. Y no han hecho nada más. Ahora, con la sentencia sobre la mesa, vienen a culpar a la Ciudad”, denunció.
También aseguró que ha trasladado nuevamente una solicitud formal a Defensa, con el objetivo de que se reabra el expediente y se estudie una posible regularización urbanística de toda la zona. “Hemos pedido que se reconsidere. Que se legalice lo que ya existe. Y que se delimite el perímetro para evitar más edificaciones fuera de ordenación”, explicó.
Imbroda defendió que su Gobierno lleva años trabajando para mejorar las condiciones de vida de los vecinos de Palma Santa. Afirmó, asimismo, que conoce personalmente a muchas de las familias que viven allí, con las que ha trabajado codo con codo y manifestó que su equipo ha ejecutado obras de mejora en esos barrios, como calles, aceras e infraestructuras básicas. “Yo he ido muchas veces. No a hacerme fotos, sino a trabajar. Y los vecinos lo saben”, dijo.
Como ejemplo, relató que en la entrada de la Zahuia hay una placa con su nombre, colocada por los propios residentes como agradecimiento por las mejoras llevadas a cabo. “Se excedieron, claro que sí. Pero refleja el aprecio por lo que hicimos”, apuntó.
Frente a ese trabajo, contrastó la actitud del Gobierno central, al que acusó de “no haber hecho nada en cuatro años” y de reaccionar tarde, mal y con ánimo de confrontación política. “El Ministerio de Defensa tiene la competencia. Es quien puede actuar. Y no lo ha hecho en los años en que el PSOE gobernaba en España y en Melilla. Ahora vienen a culpar al Gobierno local. Es una tomadura de pelo”, denunció.
El presidente melillense pidió a los representantes del PSOE que trasladen este asunto a la ministra de Defensa. Consideró que es urgente revisar la normativa que afecta a buena parte de la ciudad y que impide su desarrollo normal. “Esto se arregla en Madrid. Y solo si hay voluntad política. Nosotros sí la tenemos. Otros solo se han ido a hacer una foto”, concluyó.
Deja de tomar al pueblo por idiota, El problema es desde 2012 con tu pellejo como inútil senador, Ortazu como vergonzante general y M punto Rajoy como no sólo presidente del Gobierno sinó también de Gurtel y encabezando la listas de Bárcenas.