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Se sitúa en el tiempo medio de respuesta de la administración autonómica en el conjunto del país
La Ciudad tardó 69,92 días de media en constestar en 2017 a las solicitudes de información requeridas por el Defensor del Pueblo. Este dato supone una ligera mejora respecto al año anterior, cuando el tiempo medio de respuesta del Gobierno autonómico llegó hasta los 78,06 días, según los datos de la entidad, que es la encargada de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas.
La ‘nota’ de nuestra ciudad se encuentra en la media del conjunto del país de la Administración autonómica en cuanto a tiempo de respuesta , situada en 69,59 días, si bien durante 2016 ascendía hasta 95,94 días, por lo que la mejora ha sido considerable a nivel nacional.
Melilla registra mejores niveles que Ceuta, donde se tardó hasta 114,42 días en responder al Defensor del Pueblo, registrando el peor dato del conjunto del país a nivel de administración autonómica. No obstante, hay municipios que superan esa media ampliamente, acumulando meses y meses sin contestar a los requerimientos de la entidad.
Por detrás de Ceuta, se sitúan las comunidades de Aragón (con un tiempo de respuesta de 88,03 días), Navarra (87,17) y Murcia (86,16).
En el otro extremo, con los menores tiempos de respuesta, se encuentran Castilla y León (47,11 días), Castilla-La Mancha (54,49) y Asturias (55,06).
La página web del Defensor del Pueblo incluye los datos de tiempo de respuesta desde 2014 en el partado de transparencia. Los indicadores de nuestra ciudad han ido oscilando desde entonces, pasando de los 85 días de ese año a los 55,09 registrados en 2015, volviendo a subir en 2016 a 78,06 días, bajando durante el pasado año hasta los 69,92 días.
Fuentes del Defensor del Pueblo explican que la solicitud de información a las administraciones se inicia para dar respuesta a las quejas y reclamaciones de los ciudadanos ante una posible desatención de los poderes públicos, aunque en otros casos se actúa de oficio.
Aunque las administraciones no tienen la obligación de dar mandato a las recomendaciones que dicte el Defensor del Pueblo, sí deben responder y colaborar con la institución, remitiéndole la información que les sea solicitada.
Pero ¿qué pasa cuando las administraciones no responden en un tiempo razonable? El Defensor del Pueblo puede llegar a mandar hasta tres requerimientos solicitándoles la información. En caso de que aún así tampoco contesten, pasan a ser consideradas como entidades “no colaboradoras”.
En los casos más extremos, el Defensor del Pueblo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal la actitud no colaboradora de una administración en concreto.
El tiempo que debe transcurrir para que el Defensor mande el primer requerimiento volviendo a solicitar la información, depende de la urgencia del asunto. En temas de inmigración, el plazo es menor que lo sería, por ejemplo, en cuestiones urbanísticas, explican fuentes de la institución.
