El Ejecutivo descarta publicar en Internet información que vulnere la Ley de Protección de Datos. Una de las dos interpelaciones de Populares en Libertad (PPL) instaba al Gobierno local a aplicar una mayor transparencia a la hora de permitir el acceso de los grupos de la oposición a la información de la gestión gubernamental a lo que el portavoz del Ejecutivo, Daniel Conesa, aseguró que el derecho a la información de los diputados de la Asamblea está “garantizado”, pues se ha mejorado los mecanismos para que así sea. “Hay medios y está a disposición de todos”, concluyó Conesa con cierto cansancio de las críticas vertidas por el portavoz de PPL, Julio Liarte, que se quejaba de los obstáculos que el Gobierno de la Ciudad pone a la oposición para acceder a la información sobre la gestión en las diferentes áreas de la Administración.
Liarte aseguró que el acceso a los libros de actas, los decretos de la Presidencia, las resoluciones de las consejerías y comisiones siempre se hacen “bajo la vigilancia de un funcionario” y que no se les facilitan fotocopias de los documentos solicitados lo que obliga a la oposición a tener que copiar a mano la información que necesitan para cumplir con su labor de control de la gestión del Gobierno.
Además, el portavoz de PPL aseguró que no siempre se cumplen los plazos establecidos para acceder a la información solicitada. “La información es la materia prima de la oposición para ejercer su labor y ustedes la restringen”, lamentó Liarte y reafirmó que él siempre denunciará aquello que crea “ilícito”.
Conesa argumentó que en algunas ocasiones las peticiones de información se refieren a documentos que están en el Archivo General, ya que en algunos casos piden informes de hace más de diez años, y “lógicamente no podemos tener a un funcionario exclusivamente dedicado a usted”. El portavoz popular reconoció que “todo es mejorable”, pero insistió en que todas las solicitudes de la oposición se atienden.
Liarte propuso que la Ciudad publicara en su página web institucional la información que normalmente maneja la oposición a través de un mecanismo de seguridad similar al que ya se utiliza en otras Administraciones locales. Esta propuesta fue rechazada por Conesa pues la publicación de algunas informaciones podría vulnerar la Ley de Protección de Datos.
