El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, respondió a la situación del Centro de Menores de La Purísima tras una pregunta de un periodista sobre las denuncias del Comité de Empresa, que afirma que no se están manteniendo reuniones con el Gobierno local pese a las reiteradas quejas sobre las condiciones laborales de los trabajadores.
Imbroda situó el problema en el ámbito financiero y en la relación con el Gobierno central. Según explicó, el Estado mantiene una deuda significativa con la Ciudad Autónoma en relación con la atención a los menores extranjeros no acompañados.
“Nos debe el Gobierno nacional más de 20 millones de euros con el tema de La Purísima”, aseguró, antes de insistir en que ha trasladado esta reclamación en diferentes ocasiones a responsables del Ministerio de Hacienda e incluso al presidente del Gobierno.
“Estoy harto de pedirle a los ministros de Hacienda y hasta al presidente del Gobierno que nos paguen los 20 millones de déficit que hemos tenido que asumir por los menores extranjeros no acompañados”, afirmó.
Imbroda recordó además que, según su cálculo, hace unos años este gasto ya fue asumido directamente por los ciudadanos de Melilla. En la actualidad, añadió, el contrato de gestión del centro supone un desembolso anual cercano a los 7 millones de euros.
El presidente también aportó una cifra que calificó como "especialmente relevante" sobre el coste por menor atendido, que se sitúa en torno a los 50.000 euros anuales por menor.
“Los menores extranjeros no acompañados en nuestra ciudad nos están costando unos 50.000 euros cada menor al año. Cincuenta mil anuales. No es baladí eso”, insistió, antes de cuestionar la capacidad de cualquier administración para sostener un gasto de estas características sin apoyo externo.
Imbroda planteó que la situación no es exclusiva de Melilla, sino que debe entenderse en un contexto más amplio. “Es un problema de Europa entera”, afirmó, defendiendo que la ciudad debe recibir una compensación adecuada por el esfuerzo económico que realiza.
“No que se vayan solamente unas compensaciones mínimas. Que nos compensen el 100% de esto”, reclamó el presidente, insistiendo en la necesidad de una financiación completa por parte del Estado para cubrir los costes derivados de la atención a estos menores.
En cuanto al modelo de gestión del centro, Imbroda destacó el papel de la empresa pública Tragsatec, encargada de la gestión operativa de La Purísima. Según explicó, el sistema actual garantiza estabilidad laboral y condiciones adecuadas para los trabajadores.
“La empresa Tragsatec, que es una empresa pública, lo lleva. Los empleados tienen un buen sueldo, un buen convenio y una seguridad en su trabajo”, señaló.
El presidente también detalló que el centro cuenta con más de 130 trabajadores, lo que da cuenta de la dimensión del dispositivo de atención a menores en la ciudad. Asimismo, reiteró que el coste global del contrato asciende aproximadamente a 7 millones de euros anuales.
“Hay más de 130 trabajadores y nos cuesta la friolera de 7 millones de euros”, afirmó, defendiendo que, pese al elevado coste, el modelo de gestión es adecuado.
