Conesa dice que quieren incluir este requisito en los pliegos de condiciones y ha dicho que se aplicará en un par de meses l También estudiarán la posibilidad de cambiar la Ley para que sea obligatorio.
La Ciudad dará más puntos a las empresas que paguen el 40% de las bonificaciones a sus trabajadores a la hora de adjudicar contratos públicos. Así lo anunció ayer el portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, que afirmó que, ante la imposibilidad de que el acuerdo adoptado entre empresarios y sindicatos se aplique “pacíficamente”, han decidido tomar cartas en el asunto. Conesa recordó que hace un par de años se acordó que de las bonificaciones a la Seguridad Social que recibían las empresas, un 40% fuera a pagar a los empleados. Las negociaciones fueron arduas, pero finalmente todos cedieron.
Sin embargo, no existía una obligatoriedad normativa de cumplir con este requisito. Eso provocó que algunas empresas hicieran caso omiso y no pagaran este 40%, en algunos casos con contratos públicos. Los sindicatos han luchado para cambiar esto y han llevado algunas situaciones a los tribunales, pero ni siquiera la Justicia ha sido unánime.
Ahora, el Gobierno local ha decidido poner de su parte. El portavoz del Gobierno apuntó que tendrá que analizarse de forma pormenorizada cómo se puede primar a aquéllas empresas que sin cumplan con este requisito, incluyendo una cláusula en los pliegos de condiciones. Pero Conesa señaló que hay que ser cautos a la hora de hacerlo para que no puedan impugnarse el contrato.
El consejero consideró que es justo incluir este requisito, porque se estaba produciendo un agravio comparativo entre las empresas que sí cumplían el acuerdo y las que no. Es decir, si dos empresarios presentaban su oferta a un contrato público, la que no pagaba las cuota a los trabajadores podía ofrecer el mismo servicio a un coste menor y, por tanto, quedarse con el contrato. De hecho, Conesa reconoció que hay empresas trabajando para la Ciudad que no abonan este dinero a los empleados.
El portavoz del Gobierno quiere que esta situación cambie y para ello se primará a aquellas empresas que sí paguen el dinero, para que estén en inferioridad frente a las que no lo hacen.
Además, Conesa anunció que al mismo tiempo que se hace esta modificación en los pliegos, que podrían ser efectiva en un par de meses, se adoptará una segunda medida, estudiar si es posible un cambio legislativo para que el abono de este 40% sea obligatorio para todas las empresas que están en Melilla. El portavoz del Gobierno advirtió de que este cambio es mucho más complicado de llevar a efecto, pues se trata de una ley a nivel estatal. Conesa recalcó que hay que ser minuciosos a la hora de realizar el estudio e insistió en que no podrá aplicarse de forma inmediata. De hecho, ni siquiera se mostró totalmente convencido de que sea posible hacerlo.
El portavoz del Ejecutivo lamentó que la aplicación de este acuerdo entre patronal y sindicatos no haya podido aplicarse de forma “pacífica” y haya sido necesario recurrir a cambios normativos para ‘obligar’ a las empresas a abonar este dinero a sus empleados.
¿Sólo melillenses?
El portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, explicó que esta variación que se va a hacer en los pliegos de condiciones no puede hacerse para primar que las empresas contraten a melillenses en vez de a trabajadores de otras ciudad, otra antigua reivindicación de los sindicatos. Conesa recalcó que la contratación no puede ser discriminatoria y señaló que constitucionalmente no puede obligarse a un empresario a contar con unos trabajadores de un lugar u otro. Reconoció que socialmente es comprensible que se haga esta demanda, pero insistió en que legalmente se trata de un asunto difícilmente viable.
