La Ciudad Autónoma tendrá que pagar un millón de euros en concepto de intereses a la empresa Arquisocial, después de que el juzgado haya fallado a favor de la empresa, a la que, además, deberá abonar otros 5 millones por los impagos que se vienen acumulando en los últimos años. Ese millón de euros es una "medida cautelar" impuesta por el juzgado pero los 5 millones en facturas sí tienen que ser obligatoriamente abonados, según manifestó el consejero de Hacienda, Daniel Conesa.
La falta de pago es consecuencia, según dijo, de la "deficiente gestión" que la entonces consejera del Menor, la cepemista Cecilia González, realizó con respecto al centro de menores de la Purísima. Además, el representante popular negó rotundamente que se produzca una municipalización del servicio, una propuesta de CpM que considera "una absoluta locura". De hecho, el Pleno de la Asamblea aprobó este viernes la nueva licitación.
"Quiero recordar, como muestra del descontrol que fue aquello, que entonces, en el mes de octubre del 19, el entonces consejero de Bienestar social, que era del PSOE, propuso la prórroga que estaba prevista en los pliegos de condiciones que regían ese contrato de dos años, que terminaba en febrero del año 2020 y en octubre del 2019 propuso, con el tiempo suficiente, la prórroga de dos años. La sorpresa mayúscula fue cuando llegamos a la comisión, que es la que tiene que dar el visto bueno a esa prórroga, y CPM votó en contra", indicó.
Las circunstancias que rodearon a aquel contrato fueron diversas, desde el cese de consejeros no electos por la sentencia del Supremo a la renuncia de Aberchán por la condena del voto por correo y la entrada de Cecilia González, a la que se nombró titular de la Consejería de la Familia y el Menor. "Hubo una inestabilidad absoluta. Sin embargo, a pesar de que la comisión aprobó la prórroga, la consejera entonces de Hacienda, Dunia al Mansouri, se negó a aceptar o a tramitar el acuerdo de la comisión, como así era su obligación, y lo dejó en el aire. Y luego ella, por su cuenta y riesgo, que lo podía hacer, pactó con la empresa una prórroga", explicó.
El problema es que a estas alturas, la Ciudad se ha visto en los tribunales por el impago de facturas a Arquisocial mientras el Gobierno sacará la licitación del servicio para contratar a una empresa que se encargue de la gestión del centro. Y por eso el Pleno de la Asamblea resolvió este viernes un expediente de suplemento de crédito con cargo al remanente para poder pagar lo debido a Arquisocial y, al mismo tiempo, aprobó el expediente de contratación y el gasto plurianual derivado de ello.
Eso sí, el consejero de Hacienda aclaró que "esto no ha terminado". La solución será el proceso de licitación que se pueda adjudicar a una empresa. Evidentemente hemos hecho una licitación que económicamente es más atractiva y con menos problemas para aquellas empresas que se puedan presentar. Esperemos que tenga un resultado favorable y se solucione este problema, que es uno de lo que yo denominé al principio de la legislatura como un marrón que nos encontramos".
El portavoz de Vox en la Asamblea, José Miguel Tasende, se mostró partidario de exigir responsabilidad económica por el daño causado a las arcas públicas pero el Gobierno entiende que eso "es una medida cautelar y habrá que esperar a que se determine o por parte del juzgado se dilucide el fondo de la reclamación".
Conesa manifestó que las facturas mensuales de ese tipo de empresas y el servicio que prestan "son importantes". "No son facturas pequeñas y estamos hablando que hay pendientes pagos desde marzo de 2021 a junio de 2023. Éste es el marrón que tenemos, uno de los más gordos que hemos heredado y ya están prácticamente todos en vías de solución. Algunos ya están pagados y este evidentemente se va a pagar este viernes, independientemente de lo que pase en la reclamación formal que ha hecho la empresa", concluyó.
