El secretario de Organización de la Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A), Miguel Montenegro, cree que la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, “ha perdido el norte”.
Montenegro se ha pronunciado de esta manera porque asegura que Moh pone palabras en su boca que ellos no han pronunciado en relación a los planes de empleo. Por ejemplo, que han pedido que se sigan haciendo los planes de empleo como hasta ahora, porque, según el dirigente sindical, lo que ellos quieren es “que se hagan los planes de empleo, pero que se respete la legalidad”.
Todo esto ocurre después de que el Juzgado de Lo Social de Melilla haya condenado a la Delegación del Gobierno por dos motivos relacionados con dichos planes de empleo. El primero, según explica Montenegro, por vulneración de derechos fundamentales a la igualdad contenidos en el artículo 14 de la Constitución, que explicita que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Se refiere con ello Montenegro a que ha habido “un trato distinto al no haberse respetado las mismas condiciones” que tiene el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE).
El segundo, anota el representante de la CGT, que versa sobre reclamaciones de cantidades y diferencias salariales, obliga a la Delegación del Gobierno a abonar los salarios que se dejaron de percibir en el período que cada cual reclama y que le corresponda en función de su categoría profesional.
El caso de la Ciudad Autónoma
Sobre el hecho de que la delegada del Gobierno critique al sindicato por no pedir, como hicieron con Moh, también la dimisión de Juan José Imbroda como presidente de la Ciudad Autónoma, Montenegro no tiene problema en solicitarla también aunque cree que “hará exactamente lo mismo que ella” y que “se seguirá pasando la Constitución por el forro, porque se creen que está por encima del bien y del mal”.
De hecho, el dirigente de la CGT opina que, aunque en los dos casos –Delegación y Ciudad-, se ha “violado el derecho fundamental a la igualdad”, es “mucho más grave” en el caso de la segunda, porque no sólo va en contra de la Constitución, sino que además va de la mano del acuerdo alcanzado en 2012 con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. “El pacto se hizo cuando Imbroda era presidente de la Ciudad, así que no puede decir que no esté salpicado por eso”, afirma.
Montenegro recuerda que la sentencia que anula el convenio colectivo firmado entre la Ciudad y los sindicatos en 2012 abre la posibilidad de que se efectúen miles de reclamaciones para poder reclamar tanto contra la vulneración del derecho fundamental que el juez ha fijado en 3.000 euros como indemnización, como por las diferencias salariales y de cotizaciones a la seguridad social que correspondan a cada persona según el puesto desempeñado.
Montenegro insiste en que “lo de Imbroda es más grave, porque ha pactado con los sindicatos para tener las espaldas cubiertas, actuar impunemente y luego poder señalar a otros”, además de que las diferencias salariales que se han generado en las nóminas de las personas afectadas, derivadas de ese innombrable acuerdo de los planes de empleo son “bastante mayores que las que se han generado por la decisión arbitraria de la Delegación del Gobierno, que lo ha hecho sin ningún acuerdo”. De cualquier forma, matiza que ningún caso es aceptable y ambos son “idénticos en cuanto a que violan el derecho fundamental y lastran económicamente a personas muy necesitadas”.
Dimisiones
Así, Montenegro considera que ninguno de los dos –ni Moh ni Imbroda- puede seguir en su puesto: “Si la delegada del Gobierno no dimite, tiene que ser destituida. Y el presidente de la Ciudad tiene que dimitir también”.
El representante de la CGT explica que, en ambos casos, “lo que han hecho es una aberración con esas personas que trabajan escasos meses al año y cuya subsistencia depende de ese tiempo”.
Ese es el motivo, esgrime, por el que los planes de empleo no se tienen que paralizar, a pesar de lo que diga la Delegación del Gobierno, máxime teniendo en cuenta que apenas se han iniciado los planes de empleo 2023-2024.
Por último, Montenegro asegura que “la CGT no va a entrar en ninguna guerra política”, porque a ellos les “da igual quien gobierne”, ya que no tienen “ninguna hipoteca” con ningún partido al subvencionarse únicamente con las cuotas de los afiliados. “Nos da igual ir contra el alcalde de Marinaleda que contra el presidente de la Ciudad Autónoma, que es del PP, que contra la delegada del Gobierno, que es del PSOE, de una supuesta izquierda. Nos da exactamente lo mismo, porque aquí quien se la hace a las personas trabajadoras la paga”, concluye.
