La Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) ha vuelto a alzar la voz con contundencia. Su presidente, Enrique Alcoba, ha exigido al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que “dé la cara por Ceuta y Melilla” y explique con claridad “qué ha negociado con Marruecos” en relación con las aduanas comerciales, cuya reapertura real continúa sin materializarse.
En declaraciones a El Faro, Alcoba lanza duras críticas al Gobierno de España, al que acusa de permitir que Marruecos imponga su voluntad mientras el tejido empresarial melillense queda en una situación de “inseguridad jurídica” y desmotivación generalizada.
“La aduana comercial se cerró unilateralmente el 1 de agosto de 2018, después de 100 años funcionando perfectamente. Se crea una comisión técnica por parte de los gobiernos de España y Marruecos que no sirve para nada, cuando todos sabemos que es un problema político”, señala.
El presidente de la CEME recuerda que, pese a los anuncios oficiales, la reapertura nunca se ha producido en términos reales. “En septiembre y en noviembre del año 2022, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Albares, que se abriría la aduana comercial a primeros de año del 2023. Eso lo anunció públicamente”.
Sin embargo, tras la Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada en febrero de 2023 en Rabat, los avances han sido mínimos y simbólicos. Alcoba califica de “paripé” la supuesta reapertura de la aduana en enero de 2024. “Marruecos hace el paripé y decide que se abra la aduana comercial que ellos entienden, que no tiene nada que ver con lo que existía. Solo dejan pasar un camión a la semana pequeño con lavadoras, algo de pescado, y en mayo, sandías y melones”.
El descontento empresarial es profundo. La falta de claridad y de condiciones normales para el tránsito comercial ha generado una desconfianza que se traduce en pérdida de actividad económica y migración de negocios. “El empresariado melillense no está motivado. O se han ido a Marruecos, o a Málaga, o han cerrado, o buscan otra alternativa. Porque lo principal para ejercer la profesión de empresario es arriesgar su dinero. Y con la inseguridad jurídica que existe, nadie se atreve a comprar una mercancía que a lo mejor no va a poder pasar”.
Además, Alcoba denuncia un régimen de viajeros que no respeta el principio de reciprocidad entre ambos países. “Desde Ceuta y Melilla no se puede pasar nada a Marruecos. Pero ellos pueden pasar todo lo que quieran hacia Ceuta y Melilla sin problema, ni por la policía de España ni por la de Marruecos. Y si un turista pasa una cajita de galletas, la policía marroquí se la quita”.
El empresario asegura haber trasladado estas quejas en todos los foros posibles: al comité ejecutivo de la CEOE, en reuniones con el Ministerio de Exteriores, a donde acudió acompañado por su homóloga ceutí, y hasta al propio Rey Felipe VI en una audiencia en marzo pasado. No obstante, el bloqueo persiste.
“Yo creo que esto es un tema político. Marruecos no quiere que esto vuelva a la normalidad. Y lo que tenía que hacer el Ministro de Asuntos Exteriores es dar la cara en Ceuta y Melilla, y explicar a los ceutíes y melillenses qué ha negociado con Marruecos en esa famosa hoja de ruta. Porque a día de hoy no hay nada. Todo es palabrería y falsas promesas”, insistió.
Estas declaraciones refuerzan el malestar expresado también el pasado 12 de septiembre por las patronales de Ceuta y Melilla. Tal como recogió El Faro de Melilla, ambas organizaciones desmontaron el discurso optimista del ministro Albares sobre los avances con Marruecos y denunciaron que “no hay voluntad real” de abrir las aduanas en condiciones normales.
Siete años después del cierre, la situación sigue igual. “Más de lo mismo”, dice Alcoba. En su opinión, Marruecos actúa según sus intereses, pero lo realmente grave es que “España se lo permite”. “Curiosamente prácticamente una persona o dos son las que hacen la exportación o las importaciones. Ni los agentes de aduana ni los empresarios ven ahora mismo ese optimismo que nos gustaría ver”.
Con esta intervención, la CEME reitera su llamamiento a las instituciones del Estado: reclaman hechos, no más promesas. Y piden que se escuche la voz de las ciudades autónomas, que siguen esperando una frontera digna, segura y con garantías para el comercio.
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