La entidad afirma que la nueva ley es un “freno a la lucha por los derechos de los guardias civiles”. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se opuso ayer en nota de prensa a la entrada en vigor del “tasazo” de la Justicia, aprobada por el Gobierno del PP a propuesta del ministro Alberto Ruiz Gallardón. La entidad aseguró que esta ley supone “un nuevo retroceso en los derechos de los ciudadanos y por tanto, en el de los guardias civiles que han tenido, hasta ahora, en la justicia su única arma para alcanzar el mismo Estado de Bienestar y Derecho que el resto de la sociedad”.
La AUGC consideró que no sólo es “un nuevo recorte económico sino un recorte en toda regla al Estado de Bienestar que había logrado nuestra sociedad”. AUGC subrayó el “carácter nocivo y excluyente para la gran mayoría de los ciudadanos” de la nueva ley “sin precedentes en nuestra etapa democrática y constitucional”.
“Aunque los guardias civiles, como el resto del ámbito de la función pública, están exentos de estas tasas, la primera instancia en materias relativas al estatuto del empleado público, éstos deberán estar representados siempre por abogado o procurador a partir de la entrada en vigor de esta ley”, explicaron. Como consecuencia de esto, “los guardias civiles quedarán indefensos, puesto que no todos podrán hacer frente a estos gastos para defender sus intereses”, lamentó la asociación y puso de ejemplo, “cualquier agente, con la aplicación actualmente del RAI en la Agrupación de Tráfico, que quiera reclamar la pérdida de la productividad deberá contratar un abogado para reclamar una cantidad que no llegará a los 300 euros, por lo que al final terminará renunciando a reclamar lo que en justicia le corresponde porque el desembolso será superior al beneficio logrado”.
La AUGC recalcó que sus asociados contarán con la asistencia jurídica gratuita, pero ello no quita que la entidad se muestre contraria a esta “Justicia para ricos que ahora pretende imponer el Gobierno del Partido Popular”.
“El encarecimiento de la Justicia que implicará que muchos de los problemas presentados en la Guardia Civil y cuya resolución se buscaba a través de la presentación de un recurso contencioso administrativo ahora deberá tratarse en foros y órganos de debate y negociación con la Administración. Una práctica en la que, desgraciadamente, esta institución aún está empezando a andar, dando habitualmente, claras muestras de sus reticencias”, añadieron.
